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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Familiares de migrantes hondureños desaparecidos en México presentaron, por primera vez, 19 denuncias a través del mecanismo de apoyo exterior de la Procuraduría General de la República (PGR).Rodolfo Córdova, subdirector de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que el pasado 28 de septiembre fue un día histórico porque la Procuraduría les tomó denuncias a los afectados por pérdidas ocurridas incluso hace varios años. Este hecho se enmarca en las funciones del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, creado en diciembre del año pasado en la PGR.
Leonor Figueroa Jácome, nombrada en marzo pasado titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (UIDPM), adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, acudió a Honduras y recibió 19 denuncias de personas que tienen familiares desaparecidos.
El objetivo final de las organizaciones sociales que están involucradas en el tema es que el gobierno federal acuda a otros países para realizar ese trámite con quienes lo soliciten.
El mecanismo da varias posibilidades a personas que radican en el extranjero y que tienen familiares desaparecidos o asesinados en territorio mexicano, entre ellas: levantar una denuncia por algún delito cometido contra ellos, abrir denuncias de búsqueda de una persona desaparecida y para iniciar un proceso de reparación del daño.
“El primer paso y muy importante es que se haya levantado la denuncia”, dijo Córdova.
El defensor de derechos humanos dijo que una vez que los casos ingresaron, a lo que se enfrentarán es a un proceso como el que experimenta cualquier mexicano, lo que resulta en 98% de casos impunes en el país.
“El hecho de que no haya investigaciones que avancen de manera expedita o de acuerdo con las necesidades de las personas, las trabas burocráticas entre las diversas unidades de la PGR, hacen que todo tarde más para dar una respuesta”, afirmó el activista.
En esa reunión del 28 de septiembre los familiares de los migrantes desaparecidos hicieron peticiones a la PGR para que se le dé seguimiento a sus casos.
Solicitaron que en un mes la PGR fuera de nuevo a Honduras a explicarles cómo iba el avance en las investigaciones. Pidieron, además, que se nombre un agregado de la Procuraduría en la embajada en Honduras porque actualmente sólo existe una agregaduría en Guatemala para la región de Centroamérica. El objetivo es que la persona responsable tenga un contacto más directo con los familiares de los desaparecidos para mantenerlos al tanto del rumbo de las investigaciones.
Exigieron que se reformen los lineamientos operativos del mecanismo publicados hace menos de un mes, porque a pesar de que los comités de grupos de familia y organizaciones hicieron muchas recomendaciones, la dependencia no tomó en cuenta muchos de los elementos expuestos en su momento.
“El lineamiento que debería explicitar cómo se implementa el acuerdo de creación del mecanismo, que establece los principios rectores, se quedó corto”, aseguró Córdova. Ninguna de las peticiones que hicieron los familiares de los migrantes fue aceptada por la PGR.
Sin registro de víctimas
El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, estado de Oaxaca, ha declarado que 10 mil migrantes centroamericanos están bajo el estatus de desaparecidos en México. No obstante, se desconocen los números exactos.
Según la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población indocumentada hondureña, en el país hay 400 casos registrados de migrantes desaparecidos y otros 314 que fueron asesinados durante su paso por territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos.
Las cifras fueron parte de un informe presentado al Senado de la República, en el que además se acusa que desde la implementación del Programa Frontera Sur, en el que se impidió el ascenso de migrantes al tren de carga conocido como La Bestia, la violencia —tanto del crimen organizado como de las autoridades migratorias— ha aumentado.
El documento registra el asesinato de 49 migrantes en Cadereyta, Querétaro; los 72 indocumentados muertos en San Fernando, Tamaulipas, y el hallazgo de 193 cuerpos —presumiblemente de centroamericanos— en fosas durante 2011.
La titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes fue convocada hace unos meses a un foro de la Cruz Roja Internacional, al que acudieron los comités de familiares de migrantes desaparecidos. Ahí expuso lo que era la unidad y el mecanismo, motivando así a los integrantes de los comités a pedirle que fuera a levantar las denuncias.
“No sólo de ella surgió la propuesta, sino que los comités impulsan su administración. La idea es que se repliquen estos procesos no solamente en Honduras, sino en Guatemala y El Salvador, en Estados Unidos y otros países. El mecanismo de apoyo es funcional en todos los países del mundo”, explicó Rodolfo Córdova.
El especialista refiere que no existe una información confiable de cuántos migrantes desaparecidos hay en el país y parte de la labor de la PGR será hacer ese registro.
El paso de tomar las denuncias de los familiares es importante, y genera confianza entre las organizaciones sociales la actividad que ha impulsado esta unidad.
“Hay aún confianza porque la unidad es nueva, aunque está dentro de la Procuraduría que tiene una serie de deficiencias tremendas, y creo que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dejan muy claro cuáles son, nosotros tenemos la esperanza de que la instancia, al ser nueva, pueda dar resultados concretos”, dijo Córdova.
Las organizaciones expresaron que en la creación del proceso de la unidad se impulsó que hubiera un área dentro de la PGR que se encargara de hacer la investigación de todos los casos relacionados con migrantes, porque estaban dispersas, por lo que esta instancia es parte de sus peticiones .
