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La Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso propuso al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para eliminar figuras del sistema penal acusatorio como el arraigo, la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa, al considerar, entre otras cosas, que existe un abuso en esta última figura.
Instituciones que forman parte de esa red, como la UNAM y el ITESM, y organizaciones como la Coparmex, Renace México y México SOS, plantean homologar el sistema penal mexicano a los de otros países donde la prisión preventiva se aplica sólo cuando exista el riesgo de que el acusado no se presente a juicio, de que atente contra la víctima o contra las pruebas.
Como parte de las aportaciones recibidas en foros nacionales de seguridad y justicia, que se realizan anualmente sobre el sistema penal acusatorio, sugieren, entre otras cosas, que sean las características de la persona las que determinen si puede o no vivir su proceso penal en libertad y que el Ministerio Público justifique en cada audiencia en la que participe por qué pide la prisión preventiva.
La propuesta de las organizaciones e instituciones, que se analiza en el Congreso para hacer un proyecto de iniciativa, pretende homologar el sistema penal mexicano a los de otros países donde la prisión preventiva se aplica sólo cuando exista el riesgo de que el acusado no se presente a juicio, de que atente contra la víctima o contra las pruebas o, incluso, cuando la persona es muy peligrosa y atenta contra la sociedad.
En entrevista Layda Negrete, de México Evalúa, advirtió que en el país existe un abuso en la prisión preventiva oficiosa, lo que genera efectos nocivos, como la violación de la presunción de inocencia.
“Te meten a la cárcel antes de una sentencia condenatoria y por otro lado, lo que ha hecho el sistema mexicano que ha abusado de esta figura, es que las procuradurías se han vuelto muy flojas para investigar la verdad de los hechos”, comentó.
Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal e integrante de la red, indicó que se propone que el Ministerio Público justifique en cada audiencia en la que participe por qué continúa pidiendo la prisión preventiva, no para que todos queden en libertad, sino para que el MP entre a debate, justifique y para que la defensa contraargumente.
Con ello se eliminaría la posibilidad de que un juez ordene de oficio la prisión preventiva en razón del delito, puesto que la Constitución federal establece que sólo procede en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con armas o explosivos y los delitos graves previstos en la ley que atenten contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
"Venimos arrastrando inercias del sistema tradicional y ahí casi todo detenido iba directo a prisión y en este sistema las detenciones en flagrancia van directo a audiencia inicial y ahí ponen toda la carnita para ganar ese momento procesal y si existe prisión oficiosa, el Ministerio Público sabe que se va a quedar seis meses en prisión o hasta un año”, detalló.
Advirtió que esto implica un castigo anticipado para el inculpado, situación que también se presenta con el arraigo contemplada en el artículo 16 constitucional únicamente por razones de delincuencia organizada, lo que desvirtúa la naturaleza de la prisión preventiva como medida procesal necesaria para proteger a las víctimas y evitar la evasión de la justicia; convirtiéndola en una detención arbitraria.
Explicó que consideran que ninguna de estas figuras guarda congruencia con los principios básicos de la reforma penal de 2008.
Se propone la eliminación del plazo constitucional de 72 horas que tiene el MP para justificar con un auto de vinculación a proceso la privación de la libertad del acusado.
Susana Camacho, directora de Proyectos Normativos de Projusticia, formó parte del equipo de especialistas que redactaron la propuestaa que está en proceso de cabildeo con legisladores, detalló que para aterrizarla tomó seis meses aproximadamente.
Dijo que se quiere que el tema de delincuencia organizada se establezca en una ley nacional y no en una federal y reformar el amparo para armonizarlo al sistema penal acusatorio.
“México ha sido señalado en muchas ocasiones por organismos internacionales por tener la figura del arraigo, pues lo más crítico es que fomenta que en lugar de investigar y posteriormente detener a las personas, primero las detenga y luego investiga.
“Con la presión de tener a las personas bajo la custodia del Ministerio Público estás expuesto a que la información que se obtenga pueda ser producto de malas prácticas como tortura”, detalló la especialista.
Concluyó que si la propuesta tiene éxito se deberá reformar principalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, crear una nueva ley de delincuencia organizada y modificar la Ley de Amparo; para lo cual se trabajaron las propuestas necesarias.
En la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso participan, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Projusticia y México SOS.
