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carina.garcia@eluniversal.com.mx
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, se pronunció por restablecer los derechos políticos a las personas en reclusión, entre ellos el del voto, pues al negárselos se les condena a la muerte civil.
No debemos permitir que las penas en un Estado de derecho se alejen de lo razonable, planteó en la presentación del estudio Mujeres Privadas de la libertad y del derecho al voto. De objeto de normas a sujetos de ciudadanía, editado por el TEPJF bajo la coordinación de la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corina Giacomello.
La población nacional penitenciaria, recordó Carrasco, es de más de 230 mil personas; 13 mil de ellas mujeres; destacó que el tribunal ha construido una forma de juzgar con perspectiva de género, así que ahora “no podemos abandonar a su suerte a las personas privadas de la libertad porque su petición de que se respeten sus derechos políticos debe entenderse como una solicitud vehemente a no ser condenadas a una muerte civil”.
Recordó que la Constitución de 1917 establece que los derechos de los ciudadanos se suspenden cuando están sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir del auto de formal prisión.
Pero desde 2007, el TEPJF, autorizó el acceso al voto a las personas sujetas a un proceso penal por delito que no ameritara prisión preventiva.
Ahora Carrasco pidió avanzar y garantizar plenos derechos políticos a las personas en reclusión y con sentencia condenatoria, asunto que podría abordarse por la vía de una reforma o mediante sentencias del TEPJF.
“Creo que la nueva integración de la Sala Superior tendrá una asignatura pendiente: calibrar en la sentencia de condena el derecho humano a la readaptación social”, dijo.
Hace unos meses, indicó, se presentaron ante el tribunal dos demandas de mujeres ya sentenciadas en cárceles en México, “era una oportunidad histórica para el TEPJF [analizar] en sentencia de condena, [pero] las dos mujeres presentaron el desistimiento de sus demandas, así que el debate quedó pendiente.
La coordinadora del estudio, Corina Giacomello, destacó que el tema de garantizar el derecho al voto como reconocimiento de la existencia pareciera olvidado en los estudios de la democracia.
La magistrada del VII Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Lilia Mónica López Benítez, expuso que si se limita cualquier derecho, “estamos discriminando y estigmatizando a las personas”.
Por eso indicó que el Constituyente de la Ciudad de México “tiene la gran oportunidad de potenciar los derechos de las mujeres a través del ejercicio del voto” aun cuando se encuentren en reclusión.
