Mujeres que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente el 3 y 4 de mayo de 2006 en un operativo de fuerzas policiales en el pueblo de Atenco aseguraron que ahora que su caso fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la justicia llegará y el Estado será sancionado por su responsabilidad.
La denuncia realizada por 11 mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos seguía un litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que decidió enviar el Caso Atenco a la CoIDH al comprobar que existió tortura y el Estado no cumplió con su obligación de esclarecer y sancionar los hechos.
Claudia Hernández, una de las mujeres denunciantes, aseguró que la lucha que han seguido durante 10 años busca justicia para las víctimas y para toda la comunidad de Atenco.
"Los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos van a ser sancionados", comentó en una conferencia de prensa.
La CIDH dio la razón a las denunciantes quienes sufrieron detención ilegal y arbitraria, actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
Seis de las 11 mujeres denunciantes, respaldadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa para anunciar el logro de que un organismo internacional de derechos humanos atrajera el caso.
"Cuando fui detenida tenía 23 años, ninguna persona de 23 años debería estar pasando por una tortura, mucho menos por estar defendiendo algo que cree que es justo. Hoy tengo 33 años y soy una mujer que sigue creyendo en lo que defiende", dijo Patricia Torres, otra de las víctimas que se presentó en el Centro Prodh.
A 10 años del operativo policial en el pueblo de San Salvador Atenco, las mujeres que buscan justicia han tocado puertas no han conseguido una sola sentencia condenatoria.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, reconoció la lucha de las víctimas, quienes para lograr que el caso fuera turnado a la Corte Interamericana tuvieron que vivir un proceso de 10 años tocando puertas.
"Varias de esas mujeres emprendieron una lucha valiente y digna y decidieron alzar la voz en contra de esos abusos y emprendieron una larga búsqueda de justicia que primero intentó tocar la puerta de la justicia mexicana y se enfrentó con la indiferencia y la falta de debida diligencia.
"Agotadas las instancias nacionales esa búsqueda de justicia ascendió al sistema interamericano de derechos humanos; acudió en primer término a la Comisión Interamericana, misma que emitió después de un largo proceso un Informe de Fondo en el que encontró responsabilidades del Estado Mexicano... Al no cumplir el Estado Mexicano las recomendaciones emitidas, la Comisión determinó enviar el caso a la Corte Interamericana", comentó Aguirre.
La CoIDH ahora tendrá que analizar el uso de la tortura sexual y dictará medidas de no repetición para el Estado Mexicano; este proceso podría demorar hasta dos años y finalmente se emitiría una sentencia.
Al finalizar la conferencia, familiares de las víctimas lanzaron consignas contra el Presidente Enrique Peña Nieto, quien al momento del operativo era Gobernador del Estado de México, "Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente", gritaron en las instalaciones del Centro Prodh.
