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El dictamen de reformas a la Ley General de Víctimas contiene muchas deficiencias que dejan en desventaja a los principales afectados de la violencia y violaciones a derechos humanos, acusaron activistas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, acusó a los senadores de traicionar el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto sobre cambiar las condiciones burocráticas y de inequidad a las que se enfrentan las víctimas.
“No sé si él no le pasó a sus funcionarios, a su consejero, a alguien que pudiera apoyar lo que prometió”, dijo Miranda de Wallace en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Hoy lo que estamos viendo que aprobó el Senado es una simulación porque dejaron exactamente los mismos candados e inequidad que sacaron en esta reforma, siguen teniendo sentencia definitiva para que las víctimas accedan a la reparación del daño; a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por el simple hecho de que tengan una recomendación por algún organismo defensor de derechos humanos o un protocolo, automáticamente los indemnizan y además les dan toda la ayudada; las víctimas deben pasar por un proceso muy burocrático”, aseguró.
No hay abogados victimales, aseguró, en el dictamen se impone un límite de 1 millón 110 mil 208 pesos para reparar el daño por violencia y a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos no se les impone ningún límite de este tipo, estableciendo con ello condiciones de desigualdad.
Miranda de Wallace confió en que los diputados no aprueben el dictamen para poder revisarlo nuevamente y lograr un verdadero equilibrio para todas las víctimas.
Por su parte, el activista Javier Sicilia, indicó que se determinó en el dictamen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deje de ser un órgano colegiado y que el titular sea designado de una terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, situación que no es la ideal porque se debe seguir trabajando por la utonomía del órgano.
“Hay que hacer una reforma a la Constitución. Las víctimas tenemos que presionar para que suceda, para que se le dé la autonomía a la comisión. Aunque le disguste al gobierno, no puede ser juez y parte”, dijo.
Destacó que no está de acuerdo en la existencia de una junta de gobierno en la CEAV porque puede corromper o amenazar al trabajo de justicia para las víctimas.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron una carta en la que señalan que la reforma es insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa el país.
Reconocieron que hubo un avance en la reducción de ciertos procesos burocráticos que impedían por completo el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, pero que en esencia el problema se sigue tratando como un asunto político.
