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El dictamen de reformas a la Ley General de Víctimas contiene muchas deficiencias que dejan en desventaja a los principales afectados de la violencia y violaciones a derechos humanos, acusaron activistas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, acusó a los senadores de traicionar el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto sobre cambiar las condiciones burocráticas y de inequidad a las que se enfrentan las víctimas.
"Yo no sé si él no le pasó a sus funcionarios, a su consejero, a alguien que pudiera apoyar lo que dijo", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.
"Hoy lo que estamos viendo que aprobó el Senado es una simulación porque dejaron exactamente los mismos candados e inequidad que sacaron en esta reforma, siguen teniendo sentencia definitiva para que las víctimas accedan a la reparación del daño; a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por el simple hecho de que tengan una recomendación por algún organismo defensor de derechos humanos o un protocolo, automáticamente los indemnizan y además les dan todas las ayudas; las víctimas deben pasar por un proceso muy burocrático".
No hay abogados victimales, dijo, en el dictamen se impone un límite de 1 millón 110 mil 208 pesos para reparar el daño a las víctimas de la violencia y a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos no se les impone ningún límite de este tipo estableciendo con ello condiciones de desigualdad.
Miranda de Wallace confió en que los diputados no aprueben el dictamen para poder revisarlo nuevamente y lograr un verdadero equilibrio para todas las víctimas.
El activista Javier Sicilia indicó que se determinó en el dictamen que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que el titular sea designado de una terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, situación que no es la ideal porque se debe seguir trabajando para que la Comisión sea plenamente autónoma.
"Hay que hacer una reforma a la Constitución y las víctimas tenemos que presionar para que suceda, para que se le dé la autonomía a la Comisión porque aunque le disguste al gobierno, ellos no pueden ser juez y parte", agregó.
Destacó que no están de acuerdo en la existencia de una junta de gobierno en la CEAV porque puede corromper o amenazar al trabajo de justicia para las víctimas.
ahc
