La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está a la espera de las reformas a la Ley General de Víctimas y a su Reglamento para eliminar las trabas jurídicas que impiden a las víctimas acceder a los recursos del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral.

En un comunicado, el organismo que encabeza el comisionado Julio Hernández Barros respondió a los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado por el lento proceso para que las víctimas puedan ser reparadas del daño.

En ese sentido, la CEAV enfatizó que el marco jurídico no permite un amplio campo de acción para que las víctimas puedan acceder de manera inmediata a los recursos del Fondo “pues las víctimas y sus familias deben cumplir numerosos requisitos para que ello suceda legalmente”.

Mencionaron que desde el pasado 10 de octubre, cuando Julio Hernández Barros asumió la presidencia, la CEAV “se caracterizará por mejorar el trato a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, además de buscar fórmulas creativas para usar los recursos del Fondo a fin de dar respuesta inmediata a uno de los más serios cuestionamientos que organismos civiles defensores de los derechos humanos han hecho a la institución”.

Una de las que se ha pronunciado por la forma del manejo de los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, quien incluso ha señalado que personas acusadas de secuestro se han visto beneficiadas del Fondo de reparación del daño.

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