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Durante la investigación del caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, solicitó ayuda en calidad de “relevante, extra urgente y confidencial” al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero también a sus homólogos de Guatemala y El Salvador.
Como parte de las líneas de investigación han sido buscados los antecedentes penales de personas involucradas en el caso, en México y el extranjero, y la ruta de tráfico de droga que utilizaba Guerreros Unidos, grupo criminal al que se atribuye la desaparición de los normalistas.
La Secretaría de Marina (Semar) ha documentado que la mayor parte de la cocaína asegurada proveniente de Sudamérica, y que fue trasladada por el océano Pacífico, salió de Buenaventura, Colombia, y Guayaquil, Ecuador, muchas veces con destino a Manzanillo, Colima; a las costas de Chiapas o Guerrero, pero también con ruta a Puerto Quetzal, Guatemala, o Acajutla, El Salvador.
Los cárteles del narcotráfico utilizan estas rutas para abastecer a sus cómplices mexicanos, quienes continúan el traslado hacia Estados Unidos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó en su Informe que la PGR debía seguir la línea de investigación que afirma que Guerreros Unidos utiliza autobuses para traficar cocaína y heroína desde Guerrero a Chicago, Illinois, lo que pudo motivar el ataque de los normalistas que tomaron los autobuses en Iguala.
Entre la información requerida por las autoridades mexicanas a las extranjeras destaca saber si cuentan con registros o antecedentes de los integrantes de la organización Guerreros Unidos que fueron detenidos por el caso Iguala, acusados de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada, entre otros.
A Estados Unidos le solicitaron proporcionar imágenes satelitales del basurero de Cocula —donde fueron localizados restos humanos—, correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y la posibilidad de proporcionar “el auxilio de especialistas en materia de incendios y explosivos”, de acuerdo con la información obtenida por EL UNIVERSAL, vía Ley de Transparencia.
Las peticiones de ayuda internacional incrementaron considerablemente desde que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR retomó las investigaciones, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que el asunto debía ser indagado desde la perspectiva de los derechos humanos.
La PGR, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; la Dirección General de Procedimientos Internacionales, y la Dirección de Asistencia Jurídica, emitió al menos seis oficios, entre el 5 de diciembre de 2014 y el 23 de marzo de 2016, para pedir información y documentación relativa a la indagatoria del paradero de los 43 normalistas.
Los oficios SEIDO/UEIDMS/FE-D/11007/2014, DGPI/3536/15, DGPI/0494/16, DGPI/0771/16 fueron enviados a autoridades de Estados Unidos; el oficio DGI/0772/16, a Guatemala, y el oficio DGI/0773/16 fue dirigido a El Salvador, de acuerdo con información entregada en versión testada casi en su totalidad para garantizar el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia, resguardar datos personales y cuidar el debido proceso.
Tras la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el ex procurador Jesús Murillo Karam giró un oficio a autoridades extranjeras para solicitar algún tipo de colaboración, cuando la investigación era encabezada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), mientras que con Arely Gómez González, actual titular de PGR, han sido cinco.
La respuesta entregada vía transparencia describe que la agencia de investigación criminal también emitió un oficio, se trata del PGR/AIC/PFM/DGAPI/EE/618-14/3536, en el que informa que la Oficina Central Nacional de Interpol México colabora en la investigación de tres personas de “quienes, se presume, son responsables de los hechos de violencia ocurridos en Iguala el pasado mes de septiembre, en los que murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas”.
Este documento tiene fecha del 6 de octubre de 2014, dos días después de que la PGR atrajo la investigación que había iniciado la Fiscalía de Guerrero y aunque existía el reporte de 43 personas desaparecidas, no lo menciona.
De aquel oficio a la fecha, la dependencia cambió la narrativa y las líneas de investigación; ahora reconoce que se trató de un delito de desaparición forzada; es decir, señala que fue cometido por servidores públicos, según lo que se describe en el último oficio 0771/16, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
En éste solicitó la asistencia jurídica internacional y las condiciones para coordinar la logística en el traslado y entrega de videograbaciones, imágenes y fotografías.
En otro oficio describe que la PGR tiene por objeto obtener diversa información y documentación, así como la realización de diligencias, cuyas constancias serán aportadas a la averiguación previa.
A Guatemala y El Salvador les solicitó diversa información y documentación para que de las constancias resultantes se remitieran a la PGR en versión certificada.
Del total de solicitudes de cooperación a otras naciones, cuatro fueron elaboradas en seguimiento a las averiguaciones previas iniciadas por la subprocuraduría que encabeza Eber Omar Betanzos y dos por la SEIDO.
Las peticiones oficiales se realizaron con base en los tratados de cooperación y asistencia jurídica mutua entre México y dichos países.
Los resultados de esas peticiones de colaboración fueron integrados al expediente de investigación.
