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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) exigió el cumplimiento total y no parcial de las medidas en favor de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos ecologistas de Guerrero, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, respecto a los cuales se había pronunciado hace seis años al considerar que el Estado mexicano violó sus derechos humanos.
En sesión privada, la CoIDH escuchó los alegatos de los representantes del Estado mexicano, así como de familiares y la defensa de los campesinos integrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“Este caso ejemplifica las deudas del Estado en materia de derechos humanos. Son deudas históricas que siguen impactando en la sociedad y lo vemos, por ejemplo, con las denuncias por tortura ante instancias internas que quedan impunes”, dijo Marcia Aguiluz, responsable de CEJIL por el programa de Centroamérica y México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Pro, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar la investigación y consignar a los soldados involucrados en los hechos.
“Los que participaron y están identificados por las víctimas son tres soldados y un superior; algunos no están localizados pero hay pruebas suficientes para consignar y ejercer acción penal; queremos que la PGR, a cargo de la investigación, presente un cronograma de las diligencias a realizar y el plan para continuar el caso”, enfatizó. Explicó que el Estado mexicano, los familiares de las víctimas y la CoIDH presentaron el análisis del nivel de cumplimiento de la recomendación durante la primera audiencia de supervisión.
“Los familiares de las víctimas y sus representantes expresamos que los victimarios están plenamente identificados; y después de casi seis años de la sentencia, no hay avances significativos en la investigación, están las condiciones para ejercitar acción penal y no se hace”, acusó.
La representante de los familiares de las víctimas sostuvo que el Estado no toma las acciones adecuadas para cumplir con la sentencia.
Las organizaciones denunciaron que el sistema de registro de detenidos no controla la legalidad del procedimiento desde el momento de la detención. El registro actual opera desde que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, lo que deja brechas de tiempo en las que se generan vulneraciones a derechos humanos como retenciones prolongadas, torturas y tratos inhumanos.
Exigieron ante la CoIDH que el Estado mexicano cumpla su obligación de adecuar su Código de Justicia Militar a los estándares internacionales. Este punto aún está pendiente para cumplir con la decisión de la Corte.
Actualmente, en la jurisdicción militar aún se puede investigar violaciones de derechos humanos que se cometan por las Fuerzas Armadas, abriéndose dos procedimientos paralelos: uno en el fuero militar y otro en el fuero civil, que aplican tipos penales distintos sobre los mismos hechos.
