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A dos años de las desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, padres de las víctimas pidieron ampliar la investigación contra funcionarios federales y ex servidores públicos de Guerrero, entre ellos al ex gobernador Ángel Aguirre, así como al ex procurador Iñaki Blanco y todos los que “inventaron una verdad histórica”.
Al término de la manifestación del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México, Julio César, padre del normalista desollado, aseguró que si bien algunos militares estarían involucrados en los hechos de Iguala, son más los que están para servir a su país, por lo que pidió que no se les califique como asesinos.
“Hay muchos miembros del Ejército que tienen honor y aman a su país y a su bandera. Les decimos los padres de los 43 que levanten la voz, que ya basta de decirles asesinos por culpa de unos cuantos. No todos están coludidos con el crimen organizado”, dijo.
Con un “no nos dejaremos vencer”, los padres de los estudiantes terminaron el mitin en el primer cuadro de la ciudad, acompañados, según ellos, por unas 10 mil personas que expresaron su solidaridad. El Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, reportó una asistencia de alrededor de 8 mil personas y saldo blanco durante la realización de la marcha.
Los padres exigieron una investigación a fondo contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por hacer diligencias en el Río San Juan, que no aparecen en el expediente.
Felipe de la Cruz pidió que la investigación también incluya al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como al exprocurador Iñaki Blanco y quienes tuvieron que ver en en el “invento de una verdad histórica”.
Hicieron un llamado a la sociedad para exigir la aparición de los normalistas de Ayotzinapa y la de todos las víctimas de desaparción forzada en el país, así como a no permitir más que este crimen se dé con impunidad.
Vidulfo Rosales, abogado del movimiento, sostuvo que durante estos dos años la Procuraduría General de la República (PGR) “intentó torcer” la investigación y causó dolor a los familiares de los jóvenes estudiantes.
Dijo que el movimiento sigue unido y si “el gobierno apostaba al olvido, que sepa que aquí estamos”.
Desde el templete colocado a un lado de Palacio Nacional, Joaquina García, una de las madres, pidió al gobierno mexicano que las sean devueltos con vida sus hijos porque “no queremos saber nada de la verdad histórica ni de otro peritaje”.
Durante la marcha un grupo de anarquistas vandalizaron la exposición Rumbo a la Constitución de 1917, que se exhibe en las rejas del Senado como parte de los festejos del centenario de la Carta Magna.
El presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero, dijo que más de 20 cuadros de la exposición fotográfica fueron “rayados y pintados”.
Las rejas del Senado de la República, así como paradas de autobuses fueron pintadas, pesar de que todo el trayecto fueron acompañados por policías capitalinos y observadores de derechos humanos, para evitar que la multitud se saliera de control.
Los policías detectaron que algunos de los encapuchados llevaban bidones con gasolina, por lo que a la altura del Palacio de Bellas Artes, uniformados con equipo antimotin les confiscaron el combustible.
El discurso que dieron madres de los 43 normales desaparecidos al pie del antimonumento, ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli no fue de odio ni de reclamo, fue un mensaje dirigido a los jóvenes cuyo paradero se desconoce: “Los amamos, los queremos y los seguiremos buscando”, dijo una de ellas.
Durante más de tres horas el contingente encabezado por los familiares de las víctimas estuvo acompañado por grupos de estudiantes de la UNAM, IPN y la UAM, así como el magisterio y otros sindicatos. A la altura de las instalaciones de la PGR un grupo colocó seis bultos que simulaban cuerpos; fueron cubiertos con sábanas blancas manchadas de rojo, representando a las víctimas.
