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Casas y zonas abandonadas, nula vigilancia y autoridades “de adorno” es el contexto que vive Cocula, Guerrero, municipio en el que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que fueron tirados los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala.
Según el Diagnóstico Integral de Cocula, realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) como parte del Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, luego de la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, la población abandonó paulatinamente sus casas.
Persiste la inseguridad en las áreas públicas, los tramos carreteros entre Iguala y Cocula están abandonados y no tienen vigilancia, lo que ha llevado a la ciudadanía a argumentar que las policías estatal y municipal, y la Gendarmería de la Policía Federal (PF) “sólo están de adorno”.
“El Ejército resulta aprobado por la ciudadanía y escasamente la Gendarmería, tratada como PF, que por comentarios desde la ciudad de Iguala son reprobados por considerar que sólo vienen a irrumpir el orden y a enamorar a sus mujeres e hijas”, informa el documento sobre datos de 2015.
“Todas las policías son reprobadas por la ciudadanía, mientras que el Ejército es aprobado y con alta calificación. En estas latitudes la intervención de la Marina es inexistente”.
De la información de 2014, contenida en el diagnóstico de 2015 en poder de EL UNIVERSAL, se desprende que las áreas urbanas del municipio son las más afectadas por la violencia y la delincuencia y, desde ese año, la Segob advirtió la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“De acuerdo a la información de la Secretaria de Seguridad Pública municipal, el polígono de Cocula presenta alta incidencia en delitos de robo, lesiones y violencia intrafamiliar, siendo las niñas y niños un grupo victimizado y vulnerable; asimismo, en este polígono existe un alto índice de denuncias de delitos”, estableció.
Además, datos de inteligencia militar revelaron que en Cocula hay presencia de tres grupos criminales de Tierra Caliente que se movilizan en el municipio en grupos de seis a ocho personas en vehículo o en motocicletas.
En la averiguación previa del caso Iguala, uno de los peritajes de la PGR concluyó que los 43 normalistas fueron calcinados y que sus cenizas fueron arrojadas al río San Juan.
El Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló después que las evidencias recopiladas en el río y en el basurero de Cocula fueron manipuladas y que no era posible concluir que los restos de los estudiantes hubiesen sido arrojados en la zona.
Derivado de ello, los padres de los 43 solicitaron la destitución del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, por considerar que las diligencias realizadas por los elementos a su cargo no fueron adecuadas y pretendían “enterrar” la verdad sobre el destino de los jóvenes.
Zerón renunció el 14 de septiembre pasado a su cargo para ser nombrado secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, puesto que depende directamente del Presidente.
