Narcotráfico, prostitución, homicidios, miedo y desconfianza en las autoridades son los factores que persisten en Iguala, Guerrero, a dos años de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. El Diagnóstico Integral del Municipio de Iguala, realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) como parte del Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia (Pronapred), señala que el entorno se complicó por la incursión de la heroína negra en Estados Unidos —de menor calidad y más económica que la cocaína—, debido a que Iguala es ruta de trasiego de drogas a entidades de alto consumo como la Ciudad de México, por formar parte del Triángulo del Sol, Taxco-Acapulco-Zihuatanejo.
Aunado a ello, la colusión del crimen organizado con la presidencia municipal, que encabezaba José Luis Abarca cuando desaparecieron los estudiantes, para facilitar y expeditar los envíos, provocaron un “disparo en los delitos de alto impacto social en el municipio y en los aledaños, aparte de librar una guerra con bandas rivales por el control del cultivo, la producción y el embarque hacia los distintos mercados de consumo”, establece el documento de la Segob en poder de EL UNIVERSAL.
El estudio fue realizado los primeros meses de 2016. En él se analiza la situación del municipio durante 2015, año siguiente a los hechos del 26 de septiembre. La Segob detectó que en los últimos dos años proliferaron las motos o motonetas, al grado de calificarlas como una “plaga”, puesto que ese es el modo de operar de halcones y sicarios de la delincuencia organizada, sin que las autoridades municipales de tránsito puedan controlarlos.
“Persisten los puntos de venta [de droga] relacionados con el sexoservicio y la zona ligada al polígono en la residencial Chocolines 42 y puntos alrededor del Periférico y cerca de la terminal de autobuses, lo cual requiere un estudio más amplio para ubicar la modalidad de trata mediante explotación sexual”, destacó el documento.
Esta situación fue advertida desde el diagnóstico realizado el año anterior, correspondiente a 2014, en el que la Segob detectó la existencia de bares, cantinas y una llamada zona de tolerancia, al igual que diversos afters, “sin contar con mayor información”. Debido a la inseguridad registrada en la zona desde el año de la desaparición de los 43 normalistas ha incrementado el abandono de las casas alrededor del Periférico.
“En 2015 Guerrero ocupaba la tercera posición nacional en secuestro y apenas se ubicó inmediatamente debajo de la media nacional en extorsiones; resulta evidente, entonces, que la criminalidad aumentó rápida y desproporcionadamente, debido a un cúmulo de factores promotores de la violencia, tales como el auge en el consumo de heroína negra en Estados Unidos y el consecuente aumento del cultivo de amapola en la entidad, la enorme derrama económica que esto significó, la mayor presencia de distintos cárteles de las drogas y la proliferación de bandas delincuenciales regionales y municipales en disputa tanto de territorios como de rutas de suministro de enervantes, entre otros; el caso más drástico lo ha representado Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Concatenadamente, la percepción ciudadana sobre inseguridad se ha disparado, debido no solamente a la amplia cobertura mediática mundial sobre el último caso mencionado y el sensacionalismo que le han impreso muchas fuentes de información locales y regionales para vender mejor sus programas chatarra y sus pasquines, sino al acelerado deterioro de la condición macroeconómica del país, producto de la recaída recesiva en Europa, Estados Unidos y China, que provocó el desplome de los precios de materias primas, de los mercados bursátiles y financieros y de las economías en desarrollo de América Latina y Asia”, reprocha el documento de la Segob.
Durante 2015 las víctimas de delitos consideraron que denunciar no sólo era una pérdida de tiempo, sino que manifestaron sentir temor de hacerlo por exponerlos a posibles represalias, lo que provocó que la cifra negra se ubicara en porcentajes muy altos.
“En lo que respecta a las principales preocupaciones de la ciudadanía, la inseguridad pública ocupa el primer lugar, mientras que el desempleo y la pobreza se sitúan en la segunda y tercera posiciones. Existe una marcada tolerancia ciudadana tanto a la corrupción como al narcotráfico, ya que se colocaron en las últimas posiciones en cuanto a preocupaciones que la aquejan; es posible que se haya acostumbrado y resignado a la existencia de estas lacras sociales porque han estado sucediendo desde hace mucho tiempo y se siente impotente para combatirlas”, explica.
La población de Iguala tiene una percepción de inseguridad muy elevada, pues 91.1% de los habitantes considera que vivir allí es inseguro.
El documento obtenido vía transparencia refleja una realidad agravada en comparación con los datos del año 2014, correspondientes al diagnóstico realizado en 2015, en el que datos de inteligencia militar revelaron ese año que existía la presencia de cinco grupos delincuenciales que operaban en la zona. Estos grupos se movilizaban en el municipio enequipos de tres a cinco personas, en automóviles o motocicletas, incurriendo en faltas como el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, riñas, escándalos, robo a transeúntes, y robo a vehículos.
De enero a septiembre de 2014, la Fiscalía General de Guerrero registró 23 mil 348 denuncias y en Iguala durante ese periodo hubo 734; es decir, aumentaron los delitos denunciados en el municipio de 15% respecto a las cifras de 2013. En la entidad, la tasa por cada 100 mil habitantes en 2014 fue de 27% para el secuestro; 2.86%, robo a vehículo, y 1.94%, extorsiones.
Los delitos de mayor incidencia en Iguala fueron el robo simple, robo a casa-habitación, robo a vehículo, homicidio, extorsión y tentativa de homicidio; en todos ellos se presentó un aumento de aproximadamente 40%. Incluso, el diagnóstico señala que durante 2013 no se registraron homicidios dolosos ni secuestros, en tanto que las cifras más altas de 2014 son de robos y homicidios.
Durante 2014 fueron detenidos varios hombres de entre 29 y 54 años de edad en posesión de marihuana.
A través de la encuesta de percepción y actos de corrupción, el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Iguala detectó en 2014 que 30% de la población calificaba a los funcionarios de la administración municipal como corruptos; 20%, como muy corruptos, y 50% como medianamente corruptos.
Además, 30% opinaba que los elementos de la Policía Municipal eran muy corruptos; otro 30%, que eran corruptos, y 40% los calificó como medianamente corruptos. “20% de los participantes declaró que los problemas del municipio son la corrupción y la falta de ética de servidores; 30% opinó que son la violencia, la delincuencia y el crimen; 30% que es el desempleo, y 20%, problemas sociales”, señala el documento.
