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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), al gobierno de Baja California y al presidente municipal de Tijuana, medidas cautelares urgentes en favor 3 mil personas, mexicanos y extranjeros que están a la espera de la obtención e visa humanitaria de Estados Unidos.
Ante el incremento de los flujos migratorios, la CNDH pidió que las medidas cautelares sean a favor de las personas en riesgo para que proporcionen alojamiento temporal priorizando en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
Detalló que desde el 17 de julio documentó el flujo migratorio en Tijuana; el 12 de septiembre advirtió la presencia aproximada de 1,100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano que mencionaron haber abandonado su lugar de origen por circunstancias de violencia, y las demás de origen extranjero, conformadas por familias y grupos en situación de vulnerabilidad.
“Se tuvo conocimiento mediante nota periodística del pasado día 13 del presente, de la llegada de al menos 2 mil migrantes haitianos a la ciudad de Tijuana, Baja California, quienes están a la espera de fichas por parte del gobierno estadounidense para la obtención de visas humanitarias”, dijo.
En ese sentido el organismo solicitó que en los lugares de alojamiento que se acondicionen se les proporcione alimentación, espacios para aseo y atención médica-psicológica, con la finalidad que se les pueda brindar el cuidado adecuado, especialmente a los grupos vulnerables mencionados, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.
“Asimismo, se les requirió implementar acciones que tiendan a otorgar la seguridad pública necesaria, en tanto dichas personas permanezcan en la ciudad de Tijuana, en los lugares de pernocta y durante su espera para ser atendidos por la autoridad norteamericana”, agregó.
El escrito de la CNDH va dirigido al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Francisco Rueda Gómez; al Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California, Alfonso Álvarez Juan, y al Presidente Municipal de Tijuana, Jorge Enrique Astiazarán Orcí.
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