México investiga a policías estatales y federales para verificar si tienen responsabilidad en la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en septiembre de 2014, luego de que un grupo de expertos y el ómbudsman nacional advirtieron que otros agentes habrían participado en el emblemático caso.
El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, informó a Reuters que hubo hallazgos relevantes al cruzar información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche del hecho, así como de detenidos y de los propios estudiantes, algo que no se hizo exhaustivamente en la primera fase de la investigación entre 2014 y los primeros meses de 2015.
“Esta es una investigación que rebasa cualquier situación, tanto por el número de víctimas como por el de participantes”, dijo Higuera en una entrevista para explicar la complejidad del caso, cuya pesquisa tuvo que prácticamente reiniciarse luego de que un grupo de expertos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostraran las fallas.
Durante el primer año, las autoridades se centraron sólo en investigar a policías municipales de Iguala, en el estado Guerrero, a donde un centenar de estudiantes de magisterio llegaron el 26 de septiembre para llevarse autobuses a una protesta, y a los de la localidad vecina de Cocula.
Allí fueron atacados por policías municipales, secuestrados y supuestamente entregados a miembros del grupo criminal, el cártel de Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en una enorme pila, según la primera versión del gobierno, la cual ha sido duramente cuestionada por expertos.
Higuera dijo que cerca de 100 nuevas declaraciones fueron recogidas entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales (de investigación) de Guerrero y 19 de policías federales que estarían involucrados en el caso.
“Han declarado elementos de todas las corporaciones, incluyendo en ésto, naturalmente, elementos del orden federal”, dijo el funcionario, quien asumió su cargo el 1 de junio, un mes después de que un grupo de expertos extranjeros nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara severas fallas en la investigación del gobierno.
El grupo determinó que hubo obstrucciones a la investigación del caso, uno de los más graves de desaparición forzada cometidos en el país, así como torturas a detenidos y posible manipulación de evidencia por parte de un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que la desaparición de los estudiantes, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero, formó parte de un vasto operativo en el que participaron policías municipales de varias localidades alrededor de Iguala, así como estatales y federales que nunca habían sido indagados.
“No es sólo llamarlos a declarar. Los hemos investigado en distintos aspectos, como su historial laboral, su foja de servicio, su modo de vivir y su situación financiera”, detalló Higuera, pero admitió que hasta ahora ninguno ha sido detenido.
Buscan a El Caminante. El fiscal adelantó que trabajan para ubicar a una persona que en los teléfonos aparecía registrada como El Caminante, a quien 20 policías llamaron decenas de veces durante las horas en las que los estudiantes eran atacados y detenidos en las calles de Iguala, entre las 21:00 horas del 26 de septiembre y la una de la mañana del día siguiente.
A la luz de los últimos informes de los expertos y de otros especialistas, la PGR analiza, entre otras líneas de investigación, si los jóvenes pudieron haber sido separados en grupos y llevados a distintos lugares.