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Senadores del PAN y PRD buscan modificaciones a la Ley General de Víctimas que proteja a personas que han sufrido de desplazamiento forzado interno en México debido a la violencia, así como a migrantes víctimas de delitos que cruzan por el país desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos.
La propuesta, que se analizará en comisiones, busca reformar el artículo 45 de la Ley General de Víctimas para que se incluya en la protección de ésta a desplazados y migrantes.
“ (…) Deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente ley y, en particular, el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; desplazados internos forzados, migrantes, adultos mayores y población indígena”, se propone.
En la exposición de motivos, el proyecto de decreto busca proteger a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México, ya que —argumentan— la violencia afecta a personas de diferentes puntos del territorio, “dejándolos sin un hogar”
Además, califican de suma importancia darles una mayor visibilidad a las personas migrantes víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en esta ley, principalmente a los que transitan por el país provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como migrantes mexicanos que salen de sus comunidades por necesidad.
La iniciativa también incluye que las personas que han sufrido algún daño físico o a sus derechos humanos sean auxiliadas con gastos de ayuda inmediata para evitar la burocracia que enfrentan, según la iniciativa, cuando acuden a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). El presupuesto público para gastos de ayuda incluye alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros apoyos a las personas afectadas.
“Los gastos de ayuda deben ser gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva”, indica la propuesta que deroga y adiciona diversas disposiciones.
Según datos recabados por los senadores, entre finales de 2014 y enero de 2016 el Fondo de Reparación contaba con mil 536 millones de pesos y actualmente está ordenado en la Ley General de Víctimas. Sin embargo, sólo se utilizó 3% de esa bolsa en la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas, 2%, y para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación, 2.6%.
En contraste, hacía marzo de este año, alrededor de 7 mil 640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3 mil 875 personas han logrado ser inscritas.
Por tanto, la iniciativa plantea que cada estado cuente con un Fondo de Reparación. Para ello se conformaran con los recursos que destinen las entidades federativas para dicho fin.
Asimismo, PAN y PRD en el Senado plantean la creación de una Comisión Ejecutiva que podrá atender, asistir y, en su caso, reparar casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
