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La Procuraduría General de la República (PGR) podría tener en 90 días los resultados del peritaje que realizan la empresa internacional LWG Consulting y el perito Ricardo Torres, propuestos por los familiares de los menores de edad, de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Fuentes ministeriales informaron a EL UNIVERSAL que con los resultados que se obtengan se podrían abrir nuevas líneas de investigación y, de ser necesario, solicitar la detención de otras personas. Aunque en días pasados familiares de los menores fallecidos protestaron para que no se realice el peritaje, la PGR lo inició como lo hicieron los propios padres el 19 de febrero de 2014.
El 26 de mayo de 2016, padres de familia reiteraron por escrito la realización del peritaje a cargo de la empresa LWG Consulting; el 17 de mayo de 2016, en reunión con el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso, sus representantes legales insistieron en el desahogo de la prueba pericial señalada; sin embargo, ya no quieren el peritaje, pues alegan que podría estar amañado.
La Procuraduría General de la República (PGR) recibió 100 denuncias, se iniciaron 11 averiguaciones previas, de las cuales en 10 se ejercitó acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
El pasado 14 de mayo, luego de casi siete años del incendio, un juez federal sentenció por el delito de homicidio por culpa a 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados del lugar.
El juez Primero de Distrito en Sonora consideró que existían los elementos suficientes para dictar sentencias de entre 20 y 29 años de prisión; la pena máxima fue para Nohemí López Sánchez, ex jefa del Departamento de Guarderías, dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretaria de administración de la Guardería, respectivamente, alcanzaron una pena de 28 años de prisión; sin embargo, el nuevo peritaje podría abrir nuevas líneas de investigación si se demuestra de manera científica que fue provocado el incendio que causó la muerte de 49 menores y más de 100 lesionados.
En un documento que entregó la organización de padres Manos Unidas por Nuestros Niños en mayo de 2013 a la PGR, sostienen que el incendio fue provocado en la bodega de Hacienda, contigua a la guardería, para destruir documentos que evidencian una deuda por 10 mil millones de pesos que dejó el ex gobernador Eduardo Bours, por medio de un malos manejos de las finanzas.
Las pruebas que aportaron los padres en aquella ocasión señalan a tres personas que provocaron el incendio, bajo las órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, quien se ostentaba como secretario técnico del entonces gobernador Eduardo Bours Castelo.