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Bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que entró en vigor en todo el país el 18 de junio de este año, se tienen avances significativos en la procuración e impartición de justicia; por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo en procedimientos abreviados mil 129 sentencias condenatorias; además, se prepara una segunda fase de capacitación.
Al hacer un balance sobre el nuevo sistema, Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, reconoció que aún existe un rezago de 20% de averiguaciones previas bajo el sistema inquisitorio; sin embargo, se trabaja para ello.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario de la PGR informó que a nivel federal se han obtenido 14 sentencias condenatorias en juicios orales; además que por concepto de reparación del daño se han entregado 34 millones 985 mil pesos.
“Estamos en un momento importante, estamos prácticamente dando un gran salto a la transformación de lo que se dio después del 18 de junio a la fecha, independientemente de que la Procuraduría General de la República y otros operadores iniciamos el proceso de gradualidad e implementación desde noviembre de 2014”.
“En el caso de los esquemas de terminación del Código Nacional de procedimientos penales, las formas distintas que son a los juicios, tenemos lo que refiere a los procedimientos abreviados. En la suspensión condicional del proceso llevamos mil 97; acuerdos reparatorios en el marco de la justicia alternativa, 272. Valdría la pena decir que se obtuvo una cifra total de 34 millones 985 mil 777 pesos por concepto de reparación del daño”, dijo.
Moreno Manjarrez destacó como una medida importante tratar de que no todas las personas vayan a prisión preventiva y, en ese sentido, se han obtenido mil 958 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
“Hasta el momento la operación está funcionando, independientemente de que podemos encontrar áreas de oportunidad”, destacó luego de resaltar que se prepara la segunda fase de capacitación de los servidores públicos para el nuevo sistema acusatorio, como agentes del Ministerio Público, peritos y Policía Federal Ministerial.
“A partir de septiembre, siete mil 895 servidores públicos comenzarán en la segunda fase de capacitación para generar temas mucho más completos en lo que concierne a justicia alternativa para los facilitadores federales, argumentación jurídica, teoría del caso e interrogatorios”, apuntó.
Relacionado con el rezago en el sistema inquisitorio indicó que la procuradora Arely Gómez planteó una política para terminar con los temas que siguen en el otro sistema, “justo estamos en condiciones de que en las 32 delegaciones haya un avance sustancial, el rezago bajó en 80%”.
“Un tema importante a resaltar es que estamos enfocados a implementar, junto con el Poder Judicial, la justicia para adolescentes. Nos estamos preparando para que en materia federal incorporemos este esquema de trabajo, tenemos un plazo no mayor a tres años y el límite es el 16 junio de 2019, pero estamos generando los trabajos, en su caso jueces federales para adolescentes y nosotros trabajamos con ministerios públicos, peritos y policías para adolescentes”, agregó.
Entre los cambios al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio están la desaparición de la averiguación previa que será sustituida por una carpeta de investigación, un Ministerio Público lineal, así como privilegiar la resolución de conflictos y no la emisión de más sentencias condenatorias; con el propósito de privilegiar la transparencia jurídica, la presunción de la inocencia y garantizar la igualdad de las partes.
Durante el proceso hasta antes del 18 de junio, el gobierno de México contó con el apoyo de jueces de Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, para realizar la capacitación en la transición al nuevo sistema penal.
De acuerdo a datos de la PGR, 80% de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público, tanto federal como estatal, son entre ciudadanos; en ese sentido con el nuevo sistema se busca llegar a resolución de conflictos que faciliten el proceso como el otorgamiento del perdón, el arreglo entre las partes, el brazalete electrónico para enfrentar el proceso fuera de los penales, sin tener que llegar a un juicio.
La dependencia pretende sensibilizar la administración del cambio como un tema novedoso, en donde lo que se está haciendo es llevar de la mano a los funcionarios a entender el nuevo sistema implementado; de ahí la segunda fase de capacitación.
