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“Todo me explotó en mi cabeza, llegué bien locote. No sé por qué llegué a esa casa, odio el día en que llegué ahí. Ahora estoy aquí encerrado, y a mí me gustaban las drogas, me gustaba el cotorreo, yo era libre, andaba en la calle, me decían El Demonio”, continúa narrando Javier desde el Centro de Salud Mental.
“Yo digo que con el primer fierro que le di en su casa ella no dijo nada [el joven se refiere a la primera de las 30 puñaladas]. Yo no podía creer cuando el juez me dijo que estaba libre, porque yo sabía lo que había hecho. Creo que necesito ayuda sicológica porque a veces pienso mucho y me desespero y me pongo triste (...) y quiero otro permiso para salir otra vez afuera a una alberca y a comer pescado frito (Javier ha podido salir con su madre en dos ocasiones, custodiado fuera del Centro de Salud Mental). “Ya me desesperé de estar aquí. Me harté, me quiero ir, me dan ataques de desesperación. Ya sé, yo tengo que cambiar mi vocabulario porque no me ha traído nada bueno (…) ¡Y quiero calcetines y unos bóxers!”.
Javier, quien cumplió 14 años el 11 de mayo pasado y está en el área de Paidosiquiatría de ese centro de salud, dice: “Voy a hacer una fiesta aquí, ahora que estoy seguro de que no iré a la cárcel. Yo saliendo voy a ir a una iglesia y quiero estudiar y trabajar y dejar las drogas; quiero ayudar a otros niños con lo que sé, con lo malo que me ha pasado allá en la calle. Todas las noches me pongo a orar, no sólo por mí, sino por toda mi familia, por todo lo que hice mal”, cuenta un poco antes de despedirnos.
“ ¡Ah, y necesito un partido de futbol allá afuera. Por cierto, ¿dónde quedaron mis tenis, mamá? Necesito mis tenis”, reclama esta vez.
Mientras tanto, en el Centro de Salud Mental algunos padres han manifestado su inconformidad ante el hecho de que sus hijos convivan con quien llaman “un asesino”.
Javier Olaguer toma un promedio de cinco pastillas diarias para el control de los impulsos en este Centro de Salud Mental. “Pienso por qué no me duele, como si fuera normal para mí; no sentí nada cuando la vi ahí, sólo dije: ‘Ya la cagué’, y me fui, pensé que me iban a meter al bote”, agrega el joven.
Está vestido con una playera café y pantalón crema (el uniforme que usan los pacientes de este centro que recibe a menores de entre 12 y 17 años). Es alto, lleva en la mano izquierda una marca, hecha con cigarro, con las letras BPL. Son las siglas de su pandilla: Barrio Payasos Locos. También tiene otras huellas en su cuerpo, hechas con cigarrillos.
Mientras relata, Javier va entregándole a Alicia, su madre, los dibujos que le ha hecho durante los últimos días y también le canta una canción, un rap, que le acaba de componer: “Mamá, yo quiero que estés conmigo, para siempre a mi lado, un saludo a mi familia que mucho los extraño, y yo te quiero, la verdad sin ti me muero, se me va el aliento cuando no te tengo cerca, mamá perdóname por ser el malo de la familia, pero así soy yo, qué quieres que te diga (…)”. Su madre escucha y le toma la mano.
Javier fue referido a este lugar por petición de su madre, por un acuerdo entre autoridades de Monclova, Coahuila, y por orden de un juez especializado en el sistema de justicia para adolescentes.
En su expediente clínico, el joven en su momento refirió: “Cuando me corría mi mamá, me ponía triste, tenía ganas de morirme, mejor no hubiera nacido, me duraba un rato mientras se me pasaba el enojo, me peleaba con ella a cada rato, a empujones”.
Javier no puede entrar a un tutelar de menores por la edad que tenía al cometer el homicidio.
Las leyes lo marcan así. “En el momento del asesinato Javier tenía 13 años, y la Constitución establece —en su artículo 18— que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”, dice José Luis Valdez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado de Coahuila, quien da asesoría jurídica a la señora Blanca Delia Estrada Muñoz, madre de Diana.
“El artículo 18 constitucional establece que las personas que hayan cometido un delito y que sean menores de 14 años no pueden ser sujetos de ningún tipo de internamiento. Es decir, los niños menores de 14 años, por ley, son inimputables”, explica el funcionario.
“Además, el Estado mexicano ha adoptado diversas disposiciones de carácter internacional, como la Convención sobre los Derecho del Niño, que en materia penal establece, en su artículo 37, que: ‘No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda’, establece dicha convención, a la que México está suscrita”.
Valdez explica que Javier Olaguer fue detenido el mismo día del asesinato de Diana y fue puesto a disposición del Ministerio Público, y después ante un juez, quien determinó que no puede ser privado de su libertad en un tutelar de menores precisamente por su edad.
“Es muy difícil empatar los derechos de las víctimas con los derechos de los imputados. Habría que admitir que los poderes estatales y federales no funcionan perfectamente; pero en este caso, la carpeta de investigación está bien armada y no existió omisión o mala investigación por parte del Ministerio Público”, asegura.
“Le he explicado a la señora Blanca Delia que podemos solicitar la reparación del daño que, en el estado de Coahuila, en los casos de homicidio debe andar por los 420 mil pesos, considerando los gastos funerarios. Pero si la familia [del homicida] no pudiera pagarlos, nos topamos con otro obstáculo, pues una persona tampoco puede ser privada de su libertad por deudas de carácter cívico”, explica.
