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La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos acontecidos en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán, pero no coincide con la hipótesis de que se cometieron ejecuciones arbitrarias.
Renato Sales Heredia, titular de la CNS, justificó que el 22 de mayo de 2015 la Policía Federal (PF) respondió ante la agresión de los delincuentes, quienes según los indicios pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque era necesario, proporcional y se actuó en legítima defensa.
Se acepta la recomendación “con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados”, destacó en conferencia de prensa.
Señaló que los uniformados hicieron uso de sus armas ante un escenario hostil con tiradores desde varios puntos; por ello, dijo, los agentes respondieron de manera racional y justificada.
“Reiteramos, estamos en la mejor disposición; si es necesario comparecer, declarar ante la autoridad ministerial, así será, no hay ningún inconveniente”, agregó el mando, quien confirmó que la CNS está dando cursos sobre protección a los derechos humanos a los elementos de los distintos órganos desconcentrados.
Según la CNDH, los agentes de la PF cometieron diversas violaciones a los derechos humanos: 22 civiles fueron ejecutados de manera arbitraria por uso excesivo de la fuerza (ese día murieron 42), hubo manipulación de evidencias, sembraron armas en 16 cadáveres, movieron cuerpos e incluso quemaron dos de manera arbitraria.
Sales Heredia recordó que la incursión en ese inmueble por parte de los elementos federales fue en cumplimiento a la orden de un agente del Ministerio Público de la Federación, de la Procuraduría General de la República, que recibió la denuncia de una mujer por la invasión de su propiedad.
En su momento, la denunciante afirmó que un grupo de más de 50 personas armadas entró al rancho.
“En esas fechas se habían dado enfrentamientos entre distintos grupos de la delincuencia organizada y la autoridad, de los cuales fallecieron policías y militares”, dijo Sales Heredia para poner la situación en contexto.
Relató que los sospechosos hicieron caso omiso al llamado de agentes de entregar las armas y les dispararon, por lo que respondieron en legítima defensa.
En respuesta a la recomendación, emitida por la ejecución extrajudicial de 22 personas, la siembra de armas, manipulación de evidencias y calcinación de cuerpos, subrayó que un policía también perdió la vida y tres patrullas y un helicóptero fueron baleados.
La aeronave, dijo, fue atacada con un lanzamisiles RPG, por lo que se actuó debidamente, puesto que los agresores tenían armas potentes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre ellas un fusil tipo Barrett calibre .50.
“La falta de un marco normativo adecuado a la realidad del país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos lleva a adoptar posiciones encontradas, interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como en los organismos defensores de derechos humanos”, advirtió Sales Heredia.
Por ello, exhortó al Congreso para que trabaje en una ley general sobre uso de la fuerza y armas de fuego, a fin de tener una normatividad clara.
La CNS detalló que entre los 42 fallecidos, presuntos miembros de la delincuencia organizada, 16 habían sido procesados por diversos delitos. De ellos, 11 tenían mandamientos judiciales para su captura por ilícitos como homicidio, portación de arma y robo. Indica que las tres personas que depusieron las armas están vivas, una de ellas fue atendida por paramédicos de la PF, y hoy están sujetas a proceso penal.
Resalta que desde el día de los hechos, la PF ha colaborado con total transparencia y puso a disposición de la CNDH toda la información, personal, vehículos, armas y la documental que se le ha requerido.
