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San José.— Un alcalde salvadoreño, actualmente preso por mantener nexos con las Maras o pandillas juveniles de El Salvador, aseguró haber pagado 358 mil 448 dólares con fondos públicos al famoso conjunto musical mexicano Los Tigres del Norte, por un concierto en 2014, en un caso por el que la Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de ese país inició el pasado martes una profunda investigación contable.
Elías Hernández, quien en 2014 era alcalde del municipio de Apopa, al norte de la capital salvadoreña, y otros miembros de esa instancia gubernamental, son indagados porque en la aprobación del presupuesto para pagar a Los Tigres del Norte por un concierto en noviembre de ese año en las fiestas patronales de esa comunidad, “faltó racionalidad y austeridad” y se violó un artículo de un código municipal, según la cámara.
Según auditores de la corte, el pago al conjunto mexicano fue aprobado por Hernández y su equipo de concejales. La corte, institución estatal que fiscaliza el uso efectivo y transparente de los recursos públicos de El Salvador, seguía sin responder a una consulta de EL UNIVERSAL acerca de si Los Tigres del Norte o sus representantes serán llamados a declarar para confirmar o desmentir si el monto cobrado por el concierto es el que quedó registrado en la contabilidad municipal o si serán liberados de comparecer en un trámite testimonial.
El caso se complica por los denunciados nexos criminales de Hernández. En junio pasado, el alcalde y 20 funcionarios de la alcaldía cayeron presos por los presuntos delitos de homicidio de un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13), amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de El Salvador acusó a Hernández de presuntamente facilitar automóviles y gasolina del municipio a las Maras para trasladar drogas y armas, huir de alguna persecución policial y cobrar extorsiones. El edil autorizó usar fondos públicos para entregar hasta 10 mil dólares al mes a líderes pandilleros y pagar discomóviles de actividades recreativas de las maras y permitió que las pandillas accedieran a una ambulancia del municipio si un marero resultaba herido en sus actos delincuenciales, según la Fiscalía. A la MS-13 y a su rival, La Mara-18 (M-18) se les culpa de gran parte de la violencia e inseguridad que azota a El Salvador.
Tras reunirse en las oficinas de la alcaldía con las autoridades de Apopa como parte de la investigación, Guadalupe Jiménez, jueza de cuentas de la corte, explicó que “todavía estamos” en la fase inicial de sustentación del proceso con un peritaje de 15 días y luego “hay que escuchar a las partes” para enviar el caso a una audiencia en la Fiscalía e iniciar el trámite de sentencia.
El subgerente de Desarrollo Municipal de Apopa, Marco Pérez, confirmó que la documentación solicitada ya fue entregada a la Corte y que “estamos abiertos a colaborar”.
