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En el pasado mes de julio aumentó la cantidad de secuestros y de víctimas en comparación con junio, informó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización no gubernamental Alto al Secuestro.
En conferencia de prensa, detalló que en junio se registraron 145 secuestros y el mes pasado la cifra fue de 158. Es decir, 9% más casos. El Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades donde hubo mayor incidencia delictiva, en ese orden, de acuerdo con las cifras oficiales y las de los plagios no denunciados ante el agente del Ministerio Público.
Respecto a las víctimas, en junio fueron privadas de la libertad 171 personas, pero en julio la cantidad aumentó a 189, esto significa un incremento de 11% de un mes a otro, dijo la señora Miranda de Wallace.
Destacó que la cantidad de personas detenidas por plagio aumentó el mes pasado, puesto que en junio fueron aprehendidas 107 personas, en cambio, durante julio la cantidad ascendió a 166, es decir 59 más, lo cual representa un incremento de 55%.
Miranda de Wallace subrayó que las entidades donde más secuestros se cometieron son: Estado de México (39), Veracruz (19) y en la Ciudad de México (13).
Casi una de cada cuatro privaciones ilegales de la libertad fueron cometidas en la entidad mexiquense.
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Sonora no se registraron esta clase de delitos, dijo la activista.
En comparación con julio de 2015, la estadística indica que hubo una disminución de 10% en junio, y al comparar los primeros siete meses del año pasado con el mismo período de 2016, la disminución fue de 3.5%.
Este tipo de delito repuntó en las entidades de Tamaulipas, Puebla, Michoacán y Zacatecas.
Miranda de Wallace dijo que la forma de inhibir y erradicar el fenómeno es con castigo y cero impunidad. Se manifestó en contra de que las reparaciones para las violaciones a derechos humanos, como en el caso de tortura a detenidos, sean obtenidas del fondo de atención a víctimas.
“La Ley de Víctimas no debe contemplar que las reparaciones para las violaciones de derechos humanos sean obtenidas del fondo de atención a víctimas del delito, ya que es muy fácil disponer del dinero de otros y no del propio de quien viole derechos humanos”, destacó la presidenta de la organización no gubernamental Alto al Secuestro en su mensaje.
Añadió que es necesario que las autoridades dejen de improvisar y quedar bien con algunos grupos para que hagan las cosas en serio, puesto que el tema lo amerita y dijo que hay cientos de miles de víctimas esperando ser atendidas.
Advirtió que se deben contemplar las violaciones a los derechos humanos por particulares para que, si un secuestrador mutila, reciba una sanción adicional a la que le otorgue el juez por el secuestro cometido.
“Pedimos que el Estado sea subsidiario para indemnizar a las víctimas del delito con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, más no subsidiaria para quien cometió un delito”, puesto que por la forma en que se aprobó la Ley de Tortura en el Senado de la República, significa un cheque al portador con cargo al fondo y a favor de los imputados que digan que fueron torturados.
Alto al Secuestro enfatizó que la actual estrategia para erradicar el delito de privación ilegal de la libertad no se ha implementado como se ofreció cuando se creo la Coordinación Nacional Antisecuestro, que se desprende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, nos enfrentamos a retos mayores y los operadores siguen sin estar capacitados. Además, las UECS incompletas en su mayoría, unas en un aspecto otras en otro”, afirmó en su discurso Miranda de Wallace.
Exigió un plan nacional contra el secuestro, así como abogados victimales. Detalló que existe inequidad para las víctimas del delito.
Puso como ejemplo el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, acusado del homicidio de su hermana y de su cuñado, en 1992, en la colonia Del Valle, quien recibió sentencia de 50 años de cárcel.
Resaltó que fue liberado en 2015, luego de un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el imputado declaró haber sido torturado y reclamó como reparación del daño 65 mil 836 pesos, además, beca universitaria para él y su hijo, rehabilitación sicológica para ambos y que le instalen un negocio que le permita un trabajo digno y bien remunerado.
Martín del Campo Dodd en su declaración preparatoria ante el juez penal dijo tener un sueldo de tres mil pesos mensuales.
