Magistrados y jueces federales, así como secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compartirán información con mandos y efectivos de las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional, sobre los criterios judiciales relacionados a labores de seguridad.
Mediante la firma de un convenio de colaboración, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se comprometió con las fuerzas armadas a difundir dicha información para coadyuvar en la eficacia jurídica de las tareas operativas que realizan sus integrantes.
Esto, con el fin de que los criterios jurisprudenciales contribuyan a que las labores de seguridad se apeguen cada vez más a las normas constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales de los gobernados.
El convenio fue firmado por el titular del Poder Judicial de la Federación, Luis María Aguilar Morales; los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México, Salvador Cienfuegos Zepeda y Almirante Francisco Soberón Sáenz, en la sede del Instituto de la Judicatura Federal.
Durante el evento, el también presidente de la SCJN afirmó que la ciudadanía exige resultados, no matices orgánicos o distinciones por competencia.
"Lo que quiere nuestro pueblo es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades", dijo.
Aguilar Morales destacó que ejercer el uso de la fuerza sin el debido sustento legal es mera violencia pero que la ley sin fuerza también se convierte en letra muerta.
"Es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia, el escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria", agregó.
El convenio se firmó en el marco del acuerdo entre los tres poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal suscrito el pasado 18 de junio.
Enfatizó en que no es posible convalidar actuaciones procedimentales cuando fueron contrarias a la ley y violatorias de derechos humanos.
“De muy poco serviría que los tribunales de la Federación construyan criterios interpretativos que fijen los estándares constitucionales conforme a los cuales ha de regirse el desempeño de los agentes de autoridad, si por regla general los casos juzgados no tienen el alcance de prevenir la reiteración de las transgresiones, lo que trae consigo una percepción de impunidad por parte de la sociedad y deslegitima a las instituciones de procuración e impartición de justicia”, comentó.
pmba