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México se mostró optimista de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apruebe darle seguimiento a sus cuatro medidas cautelares relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa desde 2014, en los términos propuestos de manera conjunta por el gobierno y las familias de las víctimas.
Una delegación gubernamental mexicana se reunirá hoy con los siete integrantes de la CIDH y con representantes de los padres para acordar el mecanismo que reemplazará al grupo interdisciplinario de expertos, cuyo mandato terminó el 30 de abril.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que la propuesta consiste en que el relator para México —el comisionado estadounidense James Cavallaro— supervise el cumplimiento de las cuatro medidas cautelares con hasta cuatro visitas al país durante los próximos ocho meses.
Agregó que Cavallaro, o el comisionado que él delegue, podrá contar con el apoyo de asesores cuyas visitas a México no tendrán límite de duración y en las que se podrá tener acceso a información relacionada con el caso.
Los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al Cártel de Guerreros Unidos, el cual los hizo desaparecer, aparentemente con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó la expectativa de que los asesores no sean los expertos que integraron el grupo interdisciplinario.
La comisión tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo, para quienes solicita protección a través de medidas cautelares. En el caso de los 43 normalistas desaparecidos, la CIDH emitió esas medidas relacionadas con la atención de alumnos heridos en los sucesos, búsqueda de los desaparecidos, investigación criminal y la atención general a las víctimas. Mientras las medidas cautelares se mantengan vigentes, la CIDH emitirá cada mes una evaluación sobre el acatamiento alcanzado por el Estado mexicano, precisó Ruiz Cabañas.
“Ellos cumplieron su labor y entregaron recomendaciones muy útiles. Estamos en otra etapa”, dijo.
Ruiz Cabañas señaló que la meta del mecanismo es darle “más certidumbre a todas las partes, que sea algo que los peticionarios aprecien como manifestación concreta del Estado de seguir hasta que se alcance toda la verdad”.
Antes de terminar su trabajo, el 31 de abril, los expertos de la CIDH pidieron olvidar la tesis gubernamental y explorar a fondo muchos datos del expediente que apuntan a otros lugares como posible destino de los jóvenes.
