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La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Jorge Humberto López Portillo Basave, ex director general de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., con una multa de más de 11 millones de pesos por irregularidades durante su gestión.
La SFP concluyó que López Portillo realizó contratos de venta de sal en tonelajes superiores a los permitidos y convino la entrega de dividendos al ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, sin la autorización del Consejo de Administración.
La dependencia impuso al ex funcionario federal una sanción económica equivalente a 1.5 veces el daño causado; es decir, 11 millones 250 mil pesos; en otro procedimiento, inhabilitación por 10 años; otra inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año, y en los otros dos expedientes, inhabilitación por dos años.
En entrevista con EL UNIVERSAL, en noviembre de 2015, López Portillo Basave dijo que él sólo fue un “chivo expiatorio” en este caso para “distraer el desfalco patrimonial que han permitido a algunos integrantes del Consejo de Administración de Exportadora de Sal en contra de la propia empresa y que quedó debidamente señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2013”.
Dijo que la Función Pública lo sancionó por haber pagado un anticipo de 92 millones para la compra de una barcaza, pero aseguró que esta decisión se tomó en 2013, es decir, antes de que él tomara posesión.
En la conversación, López Portillo Basave explicó que esta barcaza era de 15 mil toneladas, con autopropulsor y servía para la extracción de la sal en Baja California.
En un comunicado, la SFP exhortó a los servidores públicos federales al cumplimiento irrestricto de la ley, para evitar el uso indebido de recursos públicos en la Administración Pública Federal.
