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Julio César Mondragón Fontes tenía 22 años. Su mayor deseo era superarse porque tenía pareja y una hija de tres meses, por eso decidió regresar a estudiar y entró a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobrevivió a los dos primeros ataques a balazos que fueron realizados por policías de Iguala e integrantes de Guerreros Unidos, pero en su tercer intento por escapar fue el único al que torturaron y mataron a golpes entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Él es una de las seis personas que fueron asesinadas en las calles de Iguala mientras los elementos de seguridad pública de esta ciudad y de Cocula entregaban vivos a 43 estudiantes al crimen organizado.

Este es el recuento de sus últimos minutos de vida y la evidencia de que sus familiares fueron revictimizados, hechos que fueron publicados en el Informe Ayotzinapa II, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene varias coincidencias con la investigación que el lunes hizo pública en su tercer informe la CNDH.

Esa noche, al parecer de su teléfono celular salieron lo que serían sus últimos mensajes.

—¡Qué crees, nos están disparando, al parecer ya mataron a uno!

“Entonces, lo único que le dije fue que saliera huyendo, que se escondiera o hiciera algo. Me dijo que no podía porque ahí estaban sus compañeros y él se iba a quedar. Yo le dije, cuídate mucho si no te quieres esconder, huir, cuídate mucho y avísame cualquier cosa”, es el relato de una persona identificada como “MM”, presuntamente su pareja.

En la calle Juan N. Álvarez, tras el segundo ataque, los normalistas que iban en los autobuses improvisaron una rueda de prensa para denunciar lo ocurrido. Eran las 0:30 horas y Mondragón Fontes corrió para alejarse de los disparos.

En el mismo ataque los normalistas Julio César Ramírez y Daniel Solís fueron asesinados con disparos.

Al amanecer, vecinos de Iguala descubrieron el cadáver de Julio César Mondragón. Estaba lejos de donde fue capturado y en sentido contrario a la ruta de escape, en la llamada zona industrial de Iguala. Tenía numerosas señales de tortura y no tenía piel en el rostro; el ojo izquierdo estaba en la tierra a unos metros del cuerpo.

Una fotografía del cadáver desollado fue difundida en redes sociales y muy pronto se viralizó. Esas imágenes llegaron por Facebook a su compañera, quien lo identificó por la ropa y marcas en sus brazos.

“Esa noche estuve preocupada porque no sabía nada de él. Hasta que el sábado 27 abrí el Facebook y lo único que se me apareció y vi, fue la foto de la persona sin rostro, en la sección de noticias. Yo entré y dije ¡Ay! Empecé a leer los comentarios y decían que no conocían el cuerpo, que estaba en calidad de desconocido. Me empecé a mover porque tenía yo varios contactos. Sentí, tuve el presentimiento que fuera él. Por la ropa, las marcas de la mano izquierda”.

Pero las autoridades de Guerrero no realizaron la autopsia en apego a los estándares internacionales, las investigaciones tenían inconsistencias y no ofrecieron la reparación del daño a los familiares de las víctimas, versión que coincide con el informe de la CNDH.

En el texto, los familiares refieren que no obtuvieron apoyo para el servicio funerario

—Oiga, ¿y qué servicio de funeraria van a utilizar?

“Les digo: ¿Sabes qué pasa? Uno no está preparado para esto y no traemos dinero. ¿Ni siquiera en eso nos va a apoyar el gobierno? Dígame para que vea lo que tengo que hacer, si consigo todo. Que lo lleven en una combi”.

—Es que no está la ambulancia...

“¡Ni siquiera eso pueden hacer por el cuerpo de mi sobrino! No, no está bien. En ese momento toman la decisión y contratan la Funeraria Chilpancingo, pero regateando”.

—¿Qué servicio, de primera, segunda, tercera?

“Les contesto: ¿Ni siquiera eso pueden hacer?”

La CNDH precisa que el cadáver tenía 64 fracturas en 40 huesos de cráneo, cara, tórax y columna.

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