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Al discutir un documento para avanzar en el mecanismo de seguimiento al caso Iguala, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa discreparon con la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre las facultades y el tiempo de estancia que debe tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para retomar la investigación.

Aunque el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, resaltó que avanzan sin problemas las pláticas para llegar a un documento que será llevado a la CIDH la última semana de julio, los padres de los 43 desaparecidos indicaron que de los ocho puntos, en tres no están de acuerdo.

“Hay muchas resistencias todavía y los puntos medulares donde éstas existen, son la estancia del equipo de la CIDH, las facultades que puedan tener en la investigación del acceso a la información, y la visita de los comisionados. Esos son los conflictos y reticencias del Estado, pero esperemos que haya avances”, dijo el abogado Vidulfo Rosales.

La Segob propuso que sean sólo dos visitas del grupo de la CIDH para revisar el caso, pero los padres y abogados de los 43 exigieron que se eleve a cuatro en el periodo de agosto de 2016 a marzo de 2017. “Esos son los puntos en los que hay obstáculos”, indicó el abogado.

Campa Cifrián dijo: “Hemos acordado solicitar a la CIDH que reciba al Estado en la reunión que tendrán en la última semana de julio y estamos empeñados en llegar a esa reunión con un acuerdo con los familiares y sus representantes, y el Estado mexicano. Estamos avanzando en la construcción de esos puntos. Resalto que la negociación donde participan la Cancillería, la PGR y la Segob, en una serie de puntos”.

En la reunión en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se acordó que el viernes continúen las reuniones para definir el documento para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Otros de los acuerdos, según los padres de los normalistas, fue el financiamiento para los trabajos de la CIDH, para los comisionados que tendrían que encabezar las indagatorias y un equipo técnico de esa comisión.

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