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marco.muedano@eluniversal.com.mx
El Poder Judicial de la Federación analiza los elementos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público Federal con los que busca acreditar la probable responsabilidad penal de los soldados Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández en el caso Tlatlaya.
Fuentes de la dependencia informaron que la investigación está abierta en busca de que se esclarezcan los supuestos delitos cometidos el 30 de junio de 2014.
La Procuraduría General de la República indaga la presunta ejecución extrajudicial de entre 12 y 15 personas en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
A dos años del enfrentamiento entre elementos del Ejército y un grupo de civiles armados, el cual dejó como saldo 22 personas muertas y un soldado lesionado, la Procuraduría no ha podido esclarecer lo sucedido.
Ante eso, la Procuraduría debe realizar una nueva investigación, luego de que el Sexto Tribunal Unitario determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público para acusar a siete militares por los homicidios carecen de inconsistencias. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dijo que en el mandato del magistrado no se fija plazo para que la PGR presente un nuevo expediente.
Araceli Olivos Portugal, abogada del área de Defensa Integral de la organización, comentó que por el momento no existe ninguna persona procesada por los crímenes.
En entrevista, dijo que el auto de libertad a favor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se basó en las declaraciones de dos personas, las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mencionó que no debían ser tomadas en cuenta.
“El magistrado comete un error grave al considerar que no se puede manejar de una manera inculpatoria las declaraciones de los testigos porque supuestamente son contradictorias entre ellas. Esto no es así, el magistrado se equivoca al hacer una serie de declaraciones de dos mujeres que fueron torturadas y luego fueron llevadas a declarar. Ese es uno de los pilares para el magistrado”, explicó.
La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro refirió que la PGR debe haber recibido la resolución del tribunal, así como las constancias de la acusación para presentar una nueva investigación.
Olivos Portugal considera que algunos de los errores que cometió el Ministerio Público están en la “forma en que la PGR argumenta la responsabilidad de los soldados, es muy deficiente; incluso con los medios probatorios que tenía, la PGR no argumentó conforme al tipo penal que se decidía por el Unitario.
“Por otra parte, no logró demostrar científicamente cómo ocurrió la privación ilegal de la vida, además de que no logró decir qué ni por qué deberían tomarse las declaraciones de las víctimas para una versión sostenible”.
El 30 de junio de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que dio a conocer la muerte de personas armadas en un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya. Tres meses después, la Sedena informó que la Procuraduría de Justicia Militar inició una investigación y dio a conocer la detención de un oficial y siete soldados investigados por esos hechos, luego de darse una versión diferente de lo ocurrido.
Además, la Procuraduría inició una averiguación previa y detuvo a ocho soldados por el caso Tlatlaya. El 21 de octubre, la CNDH emitió un informe en el que detalla que 15 de las 22 personas fueron presuntamente privadas de la vida por los soldados.
Dos de ellos eran menores de edad, los cuales se habían rendido y estaban desarmados. En octubre de 2015 un juez federal ordenó la libertad de cuatro militares detenidos por el caso Tlatlaya, al considerar que la PGR no presentó elementos suficientes para acreditar el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En marzo pasado, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares acusados de participar en la supuesta ejecución extrajudicial de al menos 12 personas. Al séptimo soldado acusado del delito de infracciones de deberes militares le dictaron sentencia condenatoria de un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que compurgó.
En mayo pasado, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los últimos tres soldados detenidos por el delito de encubrimiento (en la modalidad de alteración) y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo del 30 de junio del 2014 en las afueras del municipio de Tlatlaya. La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de los soldados en el homicidio de los civiles.
Por falta de elementos para procesar, el pasado mes de mayo se dio a conocer que el Sexto Tribunal Unitario, con sede en Toluca, ordenó dejar en libertad a los tres soldados del 102 Batallón de Infantería que fueron acusados de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, es decir, alteración de evidencias en la escena del crimen.
Ellos eran los últimos uniformados procesados por el fuero civil relacionados con el caso Tlatlaya porque en marzo el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, ordenó la libertad de los otros cuatro acusados, que estaban recluidos en el Campo Militar Número 1-A.
