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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que el testimonio que dio a conocer EL UNIVERSAL es el de una víctima sobreviviente del homicidio de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en octubre de 2014; sin embargo, no modifica en nada las investigaciones.
“Desde el Centro Pro leímos con mucha atención el trabajo periodístico de EL UNIVERSAL, en el que tenemos varios puntos a analizar. El primero es sobre el contenido del expediente y documentos a los que hemos tenido acceso. No tenemos duda de que la persona que entrevista el medio es una víctima sobreviviente que enfrentó actos atroces. En ese sentido, no estamos en condición de iniciar un debate con alguien que nos merece respeto”, explicó Sergio Aguirre, abogado del Área de Defensa Integral de la organización.
El defensor mencionó que conocían la declaración de Patricia “N”; sin embargo, el Centro Pro “entiende que declaró en un contexto de coacción, ella fue torturada al momento de declarar” ante las autoridades del Estado de México.
“Cuando ella dice que tiene temor porque los militares ya están libres, cuando narra que vio a varios sobrevivientes, nos parece que son circunstancias que se marcan sobre lo que se ha señalado como las ejecuciones”, dijo el litigante.
El abogado detalló que lo ocurrido en la bodega del municipio de Tlatlaya, en una de sus vertientes no está sustentado en los testimonios de las personas sobrevivientes, sino en las pruebas de balística de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En tercer lugar, como Centro Pro hemos insistido que las ejecuciones no están acreditadas con los testimonios de los sobrevivientes, sino a través de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 51/2014, la cual es muy clara en señalar que la evidencia balística comprueba que hubo varias personas que fueron privadas de la vida arbitrariamente. Esto se demuestra porque los cuerpos fueron encontrados en posiciones diferentes a las pruebas balísticas que se realizaron”.
Aseguró que la resolución del Sexto Tribunal Unitario de liberar a los tres soldados que se encontraban presos por los homicidios, se basó en que la PGR no presentó los elementos suficientes que acreditaran su participación en los homicidios.
“La decisión del magistrado establece que hubo los homicidios, pero señala que, en lo individual, lo que hizo cada uno de los elementos no fue comprobado por la PGR, por lo que el magistrado es enfático al emitir su resolución y mencionar que la Procuraduría General de la República está habilitada para presentar una nueva investigación”.
El Gran Diario de México presentó el testimonio de Patricia “N”, quien menciona que las versiones de una de las sobrevivientes no son verídicas, por lo que pide que se dé a conocer la verdad. En la entrevista narra que Erika, una las personas privadas de la vida, portaba un arma que accionó cuando ingresaron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La versión de Patricia “N” contrasta con la de Clara “N”, una de las sobrevivientes que mencionó que su hija (Erika “N”) estaba secuestrada por un grupo armado y que ella estaba en la bodega porque había llegado para rescatarla. Mientras que en la versión de Patricia “N” asegura que ambas estaban por su propia voluntad.
