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Tras 20 meses de los hechos ocurridos en Iguala, la línea de investigación de la que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene mayores indicios es que la presencia de los normalistas de Ayotzinapa —para llevarse unos autobuses de la central camionera— fue tomada por el grupo criminal de Guerreros Unidos como un acto de provocación que “calentaba la plaza”.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, dijo que de acuerdo con la información recabada, Guerreros Unidos tejió una red en Iguala, Cocula y otros municipios de la zona centro de Guerrero, la cual logró infiltrar a las policías municipales y otros servidores públicos de mayor rango.
“El modo de operar [de Guerreros Unidos] en contra de sus enemigos, al parecer atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que generen desmanes en su territorio y que calienten la plaza”, señaló.
Explicó que de darse alguno de estos detonantes la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas.
En un mensaje a medios, luego de reunirse con los padres de los normalistas y su equipo de abogados, el funcionario de la PGR dijo que esos hechos dejaron una huella en la historia de México y quedó de manifiesto que hay abuso de poder, corrupción e infiltración del crimen organizado.
El funcionario dijo que Guerreros Unidos se conformó de células de sicarios con un perfil alto de violencia, y que ver la presencia de los jóvenes los motivó a actuar de esa forma.
“Los alumnos de Ayotzinapa arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución, situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”, indicó.
Eber Betanzos indicó que la PGR investiga los señalamientos de tortura y tratos crueles de los detenidos por el caso Iguala, así como por presuntas irregularidades en el desarrollo de la indagatoria
Dijo que se abrió una línea de investigación sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, otro evento ocurrido sobre la carretera libre México-Acapulco en la zona de Mezcala el 26 de septiembre y el quinto autobús.
Agregó que hasta el momento la PGR ha consignado a 168 personas por delincuencia organizada, detuvo a 130 policías municipales de Iguala y Cocula, mil 651 actuaciones periciales y 850 acciones de búsqueda.
El abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que la PGR inició con el proceso de separar de los cargos a los funcionarios involucrados en la investigación con la salida de la química Sara Mónica Medina Alegría de la Coordinación General de Servicios Periciales.
Luego de reunirse con la procuradora Arely Gómez, insistió en que el proceso de “limpia” debe llegar hasta el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio. “Le hemos dejado claro a la procuradora que no vemos avance en la investigación si no hay separación del cargo y sanción de los funcionarios que fabricaron la verdad histórica”, dijo.
