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Es necesario mejorar la capacitación de los cuerpos de seguridad pública del país, puesto que ellos van a ser una pieza fundamental en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, coincidieron en señalar integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Al participar en el Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia que organizó el gobierno federal, en el panel “Y la policía, ¿cómo va?”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, reconoció que hay un esfuerzo del gobierno federal por mejorar y dignificar a los más de 442 mil policías de las 32 entidades federativas en la aplicación del nuevo sistema.

Dijo, sin embargo, que aún falta mucho por hacer, por lo que es necesario que el gobierno reconozca que todavía hay cosas por mejorar antes y después de que inicien el próximo 18 de junio los juicios orales.

Alejandro Martí, director de México SOS, expuso que es necesario que se mantenga la capacitación de los policías y de las áreas de procuración de justicia, así como a los jueces, puesto que no se pueden permitir errores o vacíos que afecten a la población al aplicar el nuevo modelo.

“Lo que no podemos permitir es que, por error, por ignorancia, por corrupción o malformación, policías, Ministerios Públicos, defensores, jueces y magistrados tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos”, refirió.

Preparación. Enrique Galindo, comisionado General de la Policía Federal, dijo que fueron capacitados 30 mil elementos operativos, quienes se encargarán de resguardar la escena de un crimen, al ser los primeros respondientes.

“Hemos diversificado no sólo la capacitación sino los talleres, el equipamiento, la tecnología necesaria para enfrentar el reto. Todo lo que necesita un policía para atender la escena de los hechos, como cintas perimetrales, brújulas, reglas, una serie de cosas para poder llegar y ser responsables, que no se contamine la escena. Debemos tener conocimiento y protocolos para ser primer respondiente”, destacó.

Galindo explicó que sólo faltan por ser instruidos 8 mil policías , quienes estarán realizando diferentes tareas, como la custodia de las personas que sean llevadas ante un juzgado.

“Otro grupo de policías están especializados en la tarea procesal, están cuidando las salas, otros los traslados de los detenidos. Es toda una cadena de responsabilidades que vamos a realizar”, detalló el comisionado.

Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que existen algunos vacíos en la ley, lo que será un obstáculo para que la dependencia pueda realizar sus funciones adecuadamente.

Una de ellos es que el Congreso no ha cumplido con los instrumentos jurídicos necesarios, como es la Ley de Delincuencia Organizada, lo que puede originar dificultades en la aplicación de la justicia.

“Quisiera hacer referencia en particular a la Ley de Delincuencia Organizada. La PGR para poder operar en el nuevo sistema necesita una ley, con la ley actual que tenemos no podemos trabajar, no vamos a hacer parches”, dijo.

Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reconoció que existen algunas leyes que no se han aprobado, por lo que es necesario dotar a las instituciones de los instrumentos necesarios para poder realizar su trabajo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró que “las poco más de 3 mil causas judicializadas a la fecha han arrojado experiencias suficientes para generar interesantes reflexiones y en algunos casos las acciones consecuentes”, refirió.

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