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La organización Open Society Justice Iniciative recomendó al gobierno mexicano que establezca medidas de mediano plazo para retirar a las fuerzas armadas de las corporaciones de seguridad pública; la creación de un organismo internacional de investigación con sede en México que presente e investigue casos de crímenes atroces y casos de gran corrupción; además de equipos autónomos integrados para investigar desapariciones, y de servicios forenses y de protección a testigos.
Durante la presentación de su informe "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México", Open Society Justice Iniciative señaló que esto es necesario porque existe una política del Estado Mexicano para obstaculizar las investigaciones que lleva a cabo sobre casos de desapariciones forzadas, asesinatos o tortura, al "minimizar" y "negar" la magnitud de los delitos que se cometen en México contra la población civil, pero también por una política deliberada de no investigación y no resolución de los casos.
"La conclusión principal del estudio es que existe un fundamento razonable para creer que las fuerzas federales del gobierno y también del cartel del narcotráfico de Los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad, específicamente asesinatos, desapariciones forzadas y tortura", señaló el director de Open Society James Goldston.
Entre 2009 y 2015 ha habido en México cuando menos 4 mil denuncias de tortura cometida por militares o agentes del Ministerio Público, denunció la organización. Además existen 580 mil secuestros en el país entre 2007 y 2014, de los cuales una cantidad que no se ha definido se trata de desapariciones forzadas perpetradas por el gobierno que han sido "erróneamente consignadas como secuestros".
"En febrero de 2015, la información del gobierno señalaba que se han abierto únicamente 313 averiguaciones federales y realizado 13 condenas, lo que comprueba la complicidad del gobierno con respecto al crimen de desaparición forzada. A pesar de que muchos casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas militares han sido documentados, hasta agosto de 2015, únicamente se había condenado a un solo soldado por dicho crimen", señala el reporte.
Hasta el momento, el número de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema han sido 44 para la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), 16 para la Marina, 14 contra la Secretaría de Seguridad Pública, y 6 contra la Procuraduría General de la República (PGR).
