Las organizaciones Mexicanos Primero y México Evalúa demandaron al gobierno federal que esclarezca los hechos de Nochixtlán, Oaxaca en los cuales fallecieron ocho personas y decenas más resultaron heridas durante un operativo de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero de simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además pidieron congruencia al gobierno federal para que cumpla la ley, al mismo tiempo que la hace cumplir.
Durante la presentación del estudio "Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE)" el director de Mexicanos Primero David Calderón señaló que la protesta cuando implica agresión y saqueo pierde credibilidad; mientras que el abuso y la improvisación deterioran el respaldo de quienes hacen cumplir la ley.
"El deber (de las autoridades es) esclarecer responsabilidades, de ofrecer apoyo y acompañamiento a las víctimas y a los familiares y garantizar la reparación debida y justicia. Exhortamos a la serenidad y a mi caer en la provocación ni escalar la crispación", dijo.
Señaló que la organización está a favor del diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora pero para que las partes se refieran a la responsabilidad de todos los grupos para los niños y que los involucrados aporten alternativas,
"Se pretende pasar de una muy justificada crítica de un fallido operativo de seguridad a la suspensión de la transformación educativa. El lamentable choque entre adultos no puede ser argumento para descartar la implementación de la Reforma constitucional. Estamos a favor del diálogo, criticamos la negociación que se hace al margen o por encima de la ley que no es diálogo".
Edna Jaime, directora de México Evalúa, señaló que en los días recientes se han visto rasgos preocupantes del "México que no quiere irse": la aprobación de la llamada Ley 3 de 3 que despertó las críticas de las organizaciones civiles porque no cumplió con las expectativas de transparencia para los actores políticos; y sobre la ofensiva jurídica del gobierno federal en contra de la parte más contestataria y radicalizada, "de un sindicato de maestros que parece tener más interés en defender sus propias prebendas inconfesables que la educación de los niños en los Estados más pobres", señaló.
"Si los gobernantes quieren tener autoridad política, moral y legal para hacer cumplir la ley, ellos tienen que ser los primeros en rendir cuentas.
Al resistirse a la rendición de cuentas, los gobernantes pierden legitimidad para hacer valer su autoridad democrática y aplicar el Estado de Derecho. No se puede aprobar leyes para ocultar patrimonios y enviar a la fuerza pública a reprimir manifestaciones por más equivocadas que sean las razones".
erp
