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Ante el cambio de paradigma que representa el nuevo sistema de justicia penal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convocó a todos los operadores a hacer su máximo esfuerzo para que el modelo funcione en beneficio del país.
“A nadie conviene su fracaso, el riesgo es alto pero la oportunidad de mejorar y hacer más eficiente la justicia penal en México es aún mayor, es nuestra responsabilidad aprovecharla”, destacó en un comunicado el organismo nacional.
Indicó que “representa un cambio de paradigma, sin precedentes en la historia jurídico-penal del país”, por lo que lleva a cabo programas de actualización y capacitación de su personal, que permitirán velar de forma eficiente por el respeto de las garantías individuales en el desahogo de las diversas etapas del proceso penal.
Señaló que el sistema acusatorio deberá otorgar plena vigencia a los derechos fundamentales tanto de las víctimas u ofendidos del delito, como de los propios acusados.
Capacitación, urgente. La CNDH consideró que la capacitación oportuna y adecuada de todos los servidores públicos en quienes recaiga la responsabilidad de la implementación y operación de este nuevo procedimiento, se presenta como una tarea impostergable.
Afirmó que el procedimiento penal mexicano que hoy entró en vigor en toda la República, debe ser más transparente, confiable, ágil y sujeto en todo momento al escrutinio público.
“Magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, peritos, oficiales de policía y en general todas aquellas personas que con uno u otro carácter intervengan en el proceso, estarán expuestos a la observación de la sociedad, a través de audiencias públicas y orales, lo cual sin duda abona a la transparencia y confiabilidad de su desahogo”, expuso el organismo.
Indicó que el respeto a los derechos humanos representa un pilar fundamental del modelo acusatorio y adversarial, así como el acceso de las víctimas a mecanismos alternos de solución de controversias.
Esta transformación, aseguró la CNDH, traerá varios beneficios, entre ellos la reparación del daño a las víctimas, su derecho a ser representadas por un asesor jurídico, y a combatir procesalmente en igualdad de condiciones que la defensa.