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Al aplicar las formas alternativas de justicia que prevé el nuevo Sistema de Justicia Penal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) logró que cuatro personas imputadas por agredir al senador del PAN, Daniel Ávila, el pasado 7 de julio de 2015, fecha en la que se realizaron los pasados comicios federales, aceptaran la suspensión condicionada del proceso que se les inició por estos hechos.
Los inculpados enfrentaban cargos por violar el artículo 7, fracción XVI, de la Ley General en materia de Delitos Electorales que prevé imponer penas de hasta tres años de prisión en contra de quienes agredan o intimiden a otra persona al momento de emitir su voto, así como para quienes alteren el orden en una casilla o de un centro de votación.
A cambio de no enfrentar ese cargo, la suspensión condicional obliga a los implicados a prestar un servicio en favor del Estado por seis meses, a no cambiarse de domicilio, a estar bajo la vigilancia de la autoridad y a abstenerse de viajar al extranjero. El propósito de la norma es evitar que los inculpados no saturen al sistema penitenciario del país, pero que reparen el daño provocado a su víctima.
Deberán presentarse a firmar en la subdelegación de la PGR en Valladolid, Yucatán. Tienen la obligación de participar en conferencias sobre blindaje electoral y prevención de delitos electorales, exponiendo su caso, con la finalidad de que no vuelvan a incurrir esos delitos. La agresión contra el senador se registró en Valladolid y desde ese día se responsabilizó a militantes del PRI.
