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Nogales, Son.— “No se vale que Estados Unidos meta la mano a México, mate a niños mexicanos y no se haga justicia. Siento que si yo perdiera el caso sería una burla para nuestro país”, lanza Araceli Rodríguez, cansada de tanto repetir la historia del asesinato de su hijo. Su lucha en busca de justicia no ha cesado desde que se enteró, una mañana de octubre de 2012 por las fotos que circularon en la prensa local, que su hijo José Antonio había muerto a escasos metros del muro que divide a las ciudades de Nogales, la de Sonora y la de Arizona.
José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad el día de su asesinato, murió a causa de balas transfronterizas que salieron de un arma oficial estadounidense y que aterrizaron en territorio mexicano. El menor recibió, de acuerdo con la necropsia, al menos nueve disparos de bala en la cabeza y en la espalda.
El agente de la Patrulla Fronteriza que lo mató, Lonnie Swartz, descargó en dos ocasiones su arma la noche del 10 de octubre de 2012. Un total de 16 tiros cruzaron la frontera y cayeron sobre la avenida Internacional de Nogales, Sonora, muy cerca de La Capilla, el barrio en que creció y jugó desde niño José Antonio.
Este adolescente es la sexta víctima que cae muerta en México por el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza y la sexta ocasión, también, en la que un mexicano muere a manos de un oficial estadounidense sin que se castigue o se persiga al homicida.
“Tenemos un ambiente del Viejo Oeste aquí en la frontera”, señala Richard Boren, fundador de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, una ONG de Arizona que lucha contra el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la migra. “Cualquier persona aquí en la frontera puede ser baleada y asesinada por la Patrulla Fronteriza y no podemos esperar ninguna justicia”, sentencia.
Desde los atentados del 9/11 a la fecha se duplicó el número de agentes adscritos a la Patrulla Fronteriza de EU. De 9 mil 800 agentes en el año 2000 pasaron a 20 mil 183 al cierre de 2015. El crecimiento de contrataciones en la migra se ha acompañado de un aumento en los incidentes de uso de la fuerza (5 mil 131 episodios de uso de fuerza entre 2011 y 2015).
“Los criterios que antes se usaban para contratar personal se relajaron”, refiere Luis Fernando Parra, el abogado encargado de buscar justicia en el caso de José Antonio Elena en Estados Unidos. Los elementos de la Patrulla Fronteriza “sólo requieren de 54 días de entrenamiento y les dan un arma”.
Desde 2010, más de 40 personas han sido asesinadas por agentes de la Patrulla Fronteriza. En más de la mitad de los casos los uniformados indicaron que se defendían de ataques con piedras. Al ser cuestionado sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza entre rocas y balas, el vocero de la Border Patrol en el sector Tucson, Vicente Paco, respondió: “A mí no me dan piedras para enforzar (sic) la ley. A mí me dan las herramientas que traigo en mi cinto”, indicó mientras sostenía su cincho de cuero con pistola, lámpara, radio y bastón, en una postura de vaquero.
En el caso de José Antonio Elena, la agencia fronteriza refirió una versión similar. La CBP (por sus siglas en inglés) informó días después de su muerte que el joven nogalense arrojaba piedras contra su uniformado.
Desde el muro de metal oxidado y rojizo en Nogales, Arizona, es posible observar un pequeño monumento fúnebre para José Antonio justo en el sitio en el que fue abatido. Al pie de un consultorio médico y un expendio de leche Liconsa sobre la avenida Internacional de Nogales, Sonora, está una cruz con su foto en el medio y flores artificiales azules y rojas que alegran la austera banqueta. Las paredes cercanas claman justicia con grafitis y pequeñas imágenes del niño Elena Rodríguez, quien hoy es símbolo de la violencia policial en la frontera.
César Barrón, uno de los periodistas que llegaron primero a la escena del crimen, asegura que “tuvieron que haber metido la mano a través del cerco para darle”.
La noche del homicidio, dos patrullas de Nogales, Arizona, respondieron a una llamada anónima que denunciaba la presencia de dos sospechosos con bultos en la espalda cerca del muro fronterizo. A 50 metros de los sospechosos se encontraba José Antonio, pero en México. La Patrulla Fronteriza acusó que arrojaba piedras y por ello dispararon. “Para que lleguen (las piedras) se requiere muchísima fuerza”, dice el reportero.
“Son ocho metros del monte de la calle Internacional y de allí a la barda de hierro ocho metros más, aproximadamente 16 metros de altura”, detalla el abogado Parra. Imaginar al muchacho de 16 años, de poco más de 50 kilos de peso, lanzando con toda su fuerza piedras por encima de esos 16 metros e intimidar al oficial entrenado de la migra es un reto a la lógica. Hasta este caso, las autoridades de Estados Unidos no habían acusado penalmente a ningún agente involucrado en muertes con balas transfronterizas. A falta de una víctima en su territorio o un deudo, argumentaba, no había delito que perseguir. “La postura es que no proceden esos cargos por el motivo de que las personas que son víctimas en territorio mexicano no cuentan con garantías del 4 y 5 constitucional”, explica el abogado de la familia Elena Rodríguez.
México, por su parte, no sólo ha tenido que enterrar los cuerpos de seis mexicanos abatidos por la migra, también la posibilidad de investigar o perseguir justicia para ellos: Sergio Adrián Hernández, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 15 años; Ramsés Barrón Torres, de 17, baleado en Nogales, Sonora; José Alfredo Reyes Yáñez, asesinado en Tijuana, Baja Calfornia, con 40 años.
Juan Pablo Santillán, muerto en Matamoros, Tamaulipas, a los 30 años; Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, abatido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y José Antonio Elena Rodríguez completan la lista. En ninguno de los seis casos se ha exigido la extradición de los agentes que les dispararon. Tanto la madre de José Antonio como la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza aseguran que las autoridades mexicanas han actuado con tibieza.
“Para mí, es justo que México pida la extradición de esos agentes culpables viendo que Estados Unidos no está haciendo nada”, indica el activista Boren. Araceli plantea un caso hipotético: “yo pregunto: ¿y si fuera al revés? ¿Si mi hijo hubiera disparado contra un niño estadounidense? Él no estaría aquí, me lo hubieran extraditado”, lamenta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechaza debilidad. El cónsul en Nogales, Arizona, Alejandro Martínez, asegura que han sido muy “activos” y agrega que “obviamente ella (Araceli) como agraviada tiene una opinión importante” y corresponde “a la Cancillería y al gobierno el pronunciamiento o defensa en ese aspecto”.
A la fecha no se ha abierto una investigación que demande la extradición y presencia de Lonnie Swartz ante un juzgado mexicano, a pesar de que Estados Unidos está por llevar a cabo un juicio histórico en su contra, puesto que decidió sentarlo en la silla de acusados. El juicio será el 7 de noviembre en la corte de Tucson, Arizona.
Lo que hace al caso histórico no es sólo la odisea que pasaron Araceli, madre de José Antonio, y Taidé Rodriguez, ciudadana estadounidense y abuela del muchacho, para convencer a las autoridades de abrir una investigación contra un agente federal, sino que la evidencia pericial que se presentará ante el jurado en Tucson la exhibirá la Procuraduría General de la República. Fiscales mexicanos cruzarán la frontera y documentarán lo ocurrido la noche del 10 de octubre de 2012 en Nogales, Sonora.
