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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió ser reconocida como interlocutora ante el gobierno federal y que se entreguen plazas de base “a todos los trabajadores de la educación”, esto equivaldría a cerca de nueve mil docentes, conserjes, y personal de asistencia y apoyo a la educación, tan sólo en Michoacán y Oaxaca.
Se trata de trabajadores que se integraron a la coordinadora y que aunque iniciaron su proceso de basificación, éste quedó suspendido a partir de la publicación de la reforma educativa, desde el año 2015.
En el caso de Oaxaca, según estimaciones de integrantes de la Dirección Política de esta organización y fuentes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), son 3 mil plazas adicionales.
El 15 y el 18 de mayo, los líderes de las secciones 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, 7 de Chiapas y 9 de la Ciudad de México entregaron un pliego petitorio nacional de 11 puntos en la Secretaría de Gobernación y el Senado, donde exigen la instalación de una mesa de negociación y presionaron con un plantón en Bucareli y en la Plaza de Santo Domingo, de donde fueron desalojados, y ahora en la Ciudadela.
Entre sus solicitudes, los líderes disidentes revelaron otras exigencias de carácter político y económico, entre ellas, “la formalización de la relación bilateral entre la CNTE y los diferentes órganos de gobierno”, puesto que al ser una escisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la disidencia no es tomada en cuenta para aspectos como la negociación anual del contrato colectivo de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En sus exigencias de carácter económico, la CNTE pide que se garantice “la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la educación de base e interinos” y “plaza de base para todos los trabajadores de la educación”.
La Dirección Política de la Sección 22 de Oaxaca explicó que estas plazas de base son para profesores y personal de asistencia y apoyo a la educación, quienes son trabajadores administrativos (secretarias, conserjes, servicios generales, capturistas, auxiliares contables y oficiales de transporte, auxiliares administrativos y/o contables) que fueron incorporados al servicio educativo del estado como trabajadores de honorarios, pero sin contrato formal.
En Oaxaca son cerca de tres mil, mientras que en Michoacán son seis mil trabajadores (de acuerdo con cifras de integrantes de la Dirección Política de la sección 18). Estos trabajadores se incorporaron a la CNTE, pero no alcanzaron a que las autoridades reconocieran sus plazas al entrar en operación la reforma educativa, y la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).
