natalia.gomez@eluniversal.com.mx
La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) expresó su profunda preocupación porque el caso Tlatlaya sigue “empantanado en la impunidad” y a las víctimas “les sigue siendo negado su derecho a la justicia y la verdad”.
Reiteró su exhorto al gobierno federal para garantizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre una serie de presuntas ejecuciones sumarias y violaciones de los derechos humanos cometidas por militares en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este caso emblemático”, dijo la portavoz Ravina Shamdasani, en Ginebra, Suiza, quien instó a las autoridades fiscales y judiciales a cumplir con las “más altas normas de derechos humanos en sus indagatorias.
“Las investigaciones deben ampliarse para examinar a todos los que pueden ser responsables, incluidos los oficiales militares de alto nivel que pueden tener la responsabilidad de mando, así como aquellos que pueden haber manipulado u ordenado la comisión de actos de alterar la escena del crimen”, agregó.
Además, dijo que hay “otras denuncias de violaciones de derechos humanos relacionados con el caso Tlatlaya, incluida la detención arbitraria y la tortura de testigos; también deben ser investigadas a fondo”.
La portavoz recordó que durante una visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso Tlatlaya sería seguido de cerca, como una prueba del compromiso de las autoridades para luchar contra la impunidad, después de que el código militar modificado colocó a los elementos del Ejército bajo la jurisdicción de los tribunales civiles por los crímenes cometidos contra la población.
“Respetamos plenamente la independencia del Poder Judicial y tomamos nota de la declaración de la oficina del Fiscal General, que aportaría elementos de prueba para prevenir que los crímenes cometidos en Tlatlaya queden en la impunidad”, dijo.
Shamdasani llamó a las autoridades a implementar con urgencia la recomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre pasado, para establecer una institución forense nacional y autónoma de recursos suficientes, dada la importancia de esas pruebas en la indagatoria de estos hechos.
“Esto sin duda reforzará las investigaciones en este y otros casos”, dijo la portavoz, y añadió que la ONU-DH está dispuesta a asesorar a las autoridades competentes en México, así como apoyar y ayudar a las víctimas.
El incidente ocurrió el 30 de junio de 2014, en un operativo del Ejército en el que murieron 22 personas, de las cuales se presume que al menos 12 pueden haber sido ejecutados sumariamente en una bodega de Tlatlaya, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), aunque la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el homicidio se perpetró en contra de siete personas.
Ocho militares fueron imputados por los hechos. En octubre de 2015 un juez penal retiró los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada un tribunal liberó a los otros tres, al considerar que no había pruebas suficientes en su contra; sólo un oficial fue sentenciado a un año de cárcel en el fuero de guerra.
