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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente violar diversos artículos constitucionales y no respetar la presunción de inocencia de los tres militares involucrados en el caso Tlatlaya que fueron puestos en libertad por un tribunal civil.
Ayer la abogada Lilia Mariana García Sánchez acudió a la Oficialía de Partes de la PGR para interponer la denuncia, puesto que aseguró que con las declaraciones que ha hecho el ómbudsman nacional en torno al caso y contra sus clientes se contribuyó a “un clima de linchamiento mediático” contra los soldados, quienes participaron en el operativo del 30 de junio de 2014 en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya, en el que 22 civiles fueron abatidos en un enfrentamiento.
La defensa de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández responsabilizó al presidente de la CNDH de cualquier acto de venganza en contra de los militares o sus familiares que pudiera presentarse por parte de los civiles involucrados en el hecho.
“Lo responsabilizo de cualquier perjuicio que sufran las familias de mis representados, quienes viven en comunidades aledañas al lugar de los hechos, puesto que con sus comunicados y comentarios enardecen los ánimos de las personas en nuestra contra, lo cual puede traer actos de venganza por parte de los familiares de las supuestas víctimas”, indica el documento que se entregó a la PGR.
García Sánchez sostuvo que la actitud del ómbudsman nacional ante la resolución del Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien ordenó la liberación de los soldados, “causa extrañeza”, puesto que en otros casos donde se ha decretado la libertad a personas involucradas en la comisión de un delito por violaciones al debido proceso, dicho organismo no se ha pronunciado al respecto, “lo que se puede interpretar como una actuación de persecución y hostigamiento personal y parcial”.
Enfatizó que la CNDH está obligada a tratar con igualdad y defender los derechos de todos, y que no debe influir para que la PGR busque la reaprehensión de los militares ni en las resoluciones del juzgador.
“Tenemos la seguridad de que su intervención pública puede influir tanto en el ánimo de la procuraduría como del juzgador, atentando contra los principios de independencia e imparcialidad, colocando a mis defensos en situación de desequilibrio procesal”, agregó la abogada en el documento que ingresó a la Oficialía de Partes.
Luego de la resolución del tribunal, la CNDH emitió un comunicado en el que solicita a la PGR que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación en contra de los efectivos; lo que generó la inconformidad de la defensa.
El 14 de mayo la PGR informó que acataría lo que el juzgador resolvió, pero advirtió que buscaría todas las vías jurídicas para recapturar a los soldados, pues no se trata de una cosa juzgada. En ese sentido, enfatizó que presentará todas las “pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados”.
El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito emitió su fallo el 13 de mayo, en el que desestimó las pruebas que aportó la PGR en contra de los militares, a quienes acusaba del homicidio de siete civiles después del enfrentamiento. El juzgador incluso cuestionó la credibilidad de las tres testigos sobrevivientes, al señalar que incurrieron en contradicciones y que no era congruente la versión que aportaron sobre lo ocurrido.
