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Ante el proceso de extradición a Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso pidieron a funcionarios del gobierno federal pugnar porque el dinero y los bienes incautados al narcotraficante se queden en nuestro país.

Al término de una reunión de trabajo de la Comisión Bicameral con el titular de la SEIDO, Gustavo Salas; el titular del Órgano de Readaptación y Prevención Social de Gobernación, Eduardo Guerrero; el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, y la directora jurídica de la SRE, Rosario Graham, el senador Alejandro Encinas, integrante de la comisión, dijo que hubo planteamientos puntuales sobre ese tema.

“Hay que resarcir al pueblo mexicano el daño que se le ha hecho… Es muy difícil estimar [los montos y bienes incautados]. Hay cifras que van desde mil millones de dólares hasta estimaciones del gobierno americano superiores a 10 mil millones de dólares”, dijo.

Encinas Rodríguez recordó que además del tratado de extradición existe un tratado entre los gobiernos de Estados Unidos y de México que especifica cómo se deben distribuir los recursos que se confisquen derivados de actividades delictivas en los casos en los que se práctica la extradición, en el cual se establece la proporcionalidad de la intervención de cada gobierno.

“De modo tal que en la reaprehensión del señor Guzmán Loera fue fundamentalmente el trabajo de instituciones del gobierno mexicano, razón por la cual se tendrá que atender esa situación respecto a los bienes que se confisquen”, comentó.

Por su parte, el senador Fernando Yunes (PAN) dijo que sí existe un riesgo real de que Estados Unidos se quede con los recursos incautados que pertenecían al capo; sin embargo, “la opinión, dicho de manera general, es mínima, pero sí existe ese riesgo”.

Aseguró que se les explicó que el proceso de extradición no se puede acelerar ni hacer más lento, por lo que consideró que “se están siguiendo los pasos correctos que se deben seguir en ese sentido”.

Alejandro Encinas y Fernando Yunes aseguraron que se les explicó que el traslado de Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad de El Altiplano a un penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue por motivos de seguridad.

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