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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a un policía municipal de Hermosillo, Sonora, actualmente en funciones, quien habría participado en el incendio provocado en un inmueble de la Secretaría de Hacienda que se extendió hasta la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y que dejó como saldo 49 menores de edad muertos el 5 de junio de 2009.
Gabriel Alvarado, abogado de los padres de los niños fallecidos, dio a conocer detalles de la línea de investigación sobre la que ahora trabaja la dependendencia federal, bajo la hipótesis de que el siniestro, en el que también más de 100 personas resultaron heridas, fue provocado.
Detalló, luego de una reunión que sostuvieron los padres con la procuradora Arely Gómez González, que la dependencia federal tiene identificadas a tres personas que podrían estar involucradas en el incendio que se extendió a la guardería y uno de ellos actualmente es policía municipal.
Otro de los que está en la línea de investigación por un posible fuego provocado es Juan Carlos Lam Félix, quien se ostentaba como secretario técnico del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y a quien también se le indaga como el autor intelectual del incendio.
Alvarado dio a conocer que, como parte de los avances de las pesquisas, se realizará un nuevo peritaje para saber si el siniestro fue provocado y los resultados estarán en tres meses.
“Se estableció que eventualmente hayan tenido participación personas que laboraban para la Secretaría Técnica del gobernador; están plenamente identificadas, sólo resta llevar las diligencias que quedan pendientes para que puedan ser consignadas en su momento como autores materiales e intelectuales del incendio”, explicó.
El abogado dijo que “todo apunta a que el incendio fue provocado; se va a trabajar con una empresa estadounidense que realizará otro peritaje. La compañía participó en otro estudio similar.
“La empresa pidió tres meses para entregar el peritaje; es de Texas y se encargará de todo el dictamen pericial y un video de un experimento científico que sostenga su conclusión”, agregó.
La PGR informó que durante la reunión la procuradora Arely Gómez refrendó su compromiso para que quien resulte responsable por el incendio reciba la sanción correspondiente conforme a la ley.
“Ha instruido que se resuelva sin dilación, con eficacia, absoluto respeto a los derechos humanos y total transparencia. Enfatizó que quienes resulten penalmente responsables recibirán las consecuencias que marca la ley, sin excepción alguna, y que los daños del delito serán debidamente reparados”, indicó la institución.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, afirmó que la investigación continuará hasta que el caso esté totalmente esclarecido bajo el debido proceso.
De igual manera, dijo que ha instruido a que se realicen las diligencias pertinentes para determinar el móvil de los hechos ocurridos en la estancia infantil siniestrada.
La diputada Silvana Beltrones Sánchez, presidenta del grupo de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la pesquisa, declaró que buscan el diálogo y la apertura en la construcción de los acuerdos que permitan realizar los objetivos del grupo para tener resultados.
En la reunión también estuvieron los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Ariadna Montiel Reyes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Angélica Reyes Ávila y Norma Martínez Guzmán.
El encuentro se realizó a unos días de que un juez federal en Sonora, a casi siete años del incendio, sentenciara a 19 de los implicados a purgar condenas de 20 a 29 años de cárcel por el delito de homicidio por culpa.
La pena mayor fue para Nohemí López Sánchez, ex jefa del Departamento de Guarderías de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; César Leyva, delegado en Sonora del IMSS; y Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración del lugar, quienes fueron sentenciados a 28 años.