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La exoneración en tribunales civiles de los militares implicados en el caso Tlatlaya muestra un sistema de justicia incapaz y que reproduce el ciclo de impunidad, aseguraron defensores de derechos humanos.
Aracely Olivos, coordinadora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que lleva el caso de la testigo y sobreviviente de los hechos, consideró que la absolución confirma una advertencia que habían hecho, de que este caso se encaminaba con mucha firmeza a quedar impune.
“Hace tiempo, cuando dábamos a conocer la absolución militar, justamente aventajábamos que era muy difícil pensar un escenario en el que la justicia civil no se viera empujada a resolver en el mismo sentido”, dijo.
Recordó que el juzgado militar también los exoneró de los delitos que cometieron en contra de la disciplina castrense, al concluir que los militares se estaban defendiendo y que no hubo ninguna privación arbitraria de la vida. “En un sentido distinto, pero con los mismos efectos aparentemente, el tribunal que los libera el viernes advierte que no hay material probatorio suficiente, y esto es falso”.
Para Édgar Cortez, coordinador de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de la Democracia y Derechos Humanos, el origen del problema es que hay procuradurías que no saben investigar, lo que conduce a casos en los que no hay suficientes evidencias.
Explicó que esta falla genera que cuando detienes a los implicados, al final hay una sentencia absolutoria a pesar de la aportación de pruebas y evidencias que entrega el Ministerio Público de la Federación.
“El otro gran tema es la falta de transparencia, porque nadie sabe qué aportó el Ministerio Público, la calidad de las evidencias, por lo que no sabemos si el juez actuó bien o mal. El sistema actual deja abierta la puerta para la impunidad”, dijo.
