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Después de que se dio a conocer un audio en el que el padre de familia Mario César González Contreras le informa al abogado Vidulfo Rosales que recibió amenazas por parte del grupo criminal Guerrero Unidos, presuntamente por no entregar 200 mil pesos a los otros padres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que existe una campaña de desprestigio.
Claudia Paz y Ángela Buitrago aseguraron se pretende afectar al movimiento de los padres de familia que buscan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al propio GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Realizar escuchas sin autorización de un juez es un delito. En un estado de Derecho no se pueden intervenir los aparatos de los particulares porque se violan los derechos de los ciudadanos; se trata de una campaña de desprestigio contra los padres”, explicó Paz.
Ángela Buitrago declaró que todo lo están descontextualizando para generar un impacto negativo frente a las víctimas, los padres y el trabajo del GIEI. “Estamos aquí por los mexicanos, la única finalidad es trabajar para conseguir la verdad. Hay una campaña de desprestigio”, agregó luego de comentar que también hay una estrategia similar contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
Vidulfo Rosales detalló que sí tuvo una conversación con el padre de familia por las amenazas, pero rechazó que se reciban fondos de Guerreros Unidos.
