El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez (PAN), advirtió la importancia de que la legislación en materia de justicia para adolescentes sea operante, eficiente y que permita hacer la ecuación del sistema de justicia penal iniciado desde hace tiempo en el país.
Destacó la necesidad de contar con la visión experta de quien operará el sistema —operadores jurídicos— y consideró que el Senado no debe legislar por legislar, sino escuchar a quienes participarán en la implementación de las leyes y a quienes se verán beneficiados o no de éstas.
Por separado, la senadora Pilar Ortega Martínez (PAN), secretaria de la Comisión, aseguró que se puede obtener una muy buena ley como resultado de la conjunción de la visión de los derechos y el interés superior del niño.
“No se debe tratar a los jóvenes como adultos y se debe lograr la reinserción social, pues en la medida que esto se cumpla, se traerá paz y seguridad a los mexicanos”, explicó.
La legisladora añadió que las comisiones dictaminadoras analizan la regulación de las adicciones, la parte de la competencia entre tribunales locales y federales, las medidas cautelares, el procedimiento abreviado, la capacitación y especialización, así como la supletoriedad, reinserción y reparación del daño.
Por su parte, la senadora Yolanda de la Torre Valdez (PRI), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, subrayó la responsabilidad de los tres Poderes de la Unión, y de la sociedad en su conjunto, para garantizar y cumplir los derechos de los niños.
“La legislación de justicia para adolescentes sentará un piso básico y debe contar con la visión del interés superior de la niñez y de la reforma de derechos humanos, a fin de lograr la homogenización en el país”, dijo la legisladora sobre el tema.
En un encuentro en el Senado, la magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona, de Tlaxcala, destacó que no se cuenta con jueces capacitados ni especializados en la materia, aunado a que no hay presupuesto para ello.
“El tema de adolescentes no requiere sólo conocimientos técnicos, sino también en diversas especialidades como sociología, sicología y trabajo social, entre otras, además de que ningún órgano de gobierno le da la importancia que debe tener, subrayó.
De Baja California Sur, el magistrado Paul Razo dijo que a pesar de que el índice delictivo no es muy alto en el estado, desde hace dos años la delincuencia organizada genera delitos de alto impacto.
La magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, de la Ciudad de México, advirtió que en una de las leyes de carácter penal se considera la Corte de Drogas, que rompe con el modelo al que se le apostó con la reforma de 2005, en donde “no se iba a ver a los menores de 18 años como enfermos”, y lo calificó como un “retroceso”.
En su oportunidad, la magistrada Gabriela Ramos, de Guerrero, destacó en el encuentro que a pesar de que cada entidad es diferente, hay aspectos en que se tiene que poner especial atención, como en la ejecución de las resoluciones y vigilancia de las medidas cautelares, porque no hay seguimiento.