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Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su defensa decidieron no denunciar la presunta amenaza a través de mensajes y llamadas telefónicas que le hicieron supuestos integrantes del crimen organizado a Mario González por no distribuir 200 mil pesos entre los familiares de los jóvenes, “porque no tenemos certezas de quién fue”.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y quien es representante de los padres de familia, así como Melitón Ortega, vocero del movimiento, no pudieron explicar qué pasó con los 200 mil pesos que habrían recibido.
Luego de que EL UNIVERSAL informó sobre el video-audio que presumiblemente produjo la organización criminal Los Rojos y que circula en las redes sociales, en donde Mario relata que existen amenazas de presuntos miembros de Guerreros Unidos por no haber distribuido 200 mil pesos entre los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales explicó que el dinero del que ambos hablan es el otorgado por el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Sí, ese es un tema que se rebasó, se discutió con los padres de familia; quedó clarificado, no tenía mayor relevancia. Las llamadas se hicieron cuando se tenía esa diferencia al interior entre los padres de familia; ese recurso, días después, se superó y se resolvió… de ese dinero no hay evidencia que se haya dado, no hay pruebas de que se haya entregado, lo que sí se entregó fue una despensa [del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia]”, precisó.
Sobre la llamada que se escucha en el video ocurrida el pasado 2 de marzo ratificó que sí existió entre él y Mario González, padre de César González, uno de los 43 desaparecidos por policías municipales y narcotraficantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, pero no hay dinero de por medio, dijo.
En consecuencia, decidieron no denunciar la presunta amenaza que recibió González, “porque no tenemos certezas de quién fue”.
Rosales enfatizó que no hay relación entre el movimiento y la delincuencia. Recordó que Felipe de la Cruz, el anterior vocero, recibió en dos ocasiones amenazas de presuntos grupos que sí denunciaron, pero en este caso “hay guerra sucia: que yo sepa la delincuencia no tiene tecnologías intervencionistas, México es uno de los países que en el mundo más adquieren ese tipo de innovaciones”.
Adelantan posible ruptura. Melitón Ortega, vocero del movimiento, dijo que se reunirán con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo grupo propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas exigidas al Estado por padres de los 43 normalistas es para resolver el paradero de sus hijos y haya una segunda versión de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
Advirtieron que es probable que rompan con el gobierno federal para su próxima reunión del 18 de abril.
Después de la reunión con los expertos de quienes, dijo, necesitan su apoyo, Melitón Ortega explicó que habrá una conferencia de prensa.
Acusó que tras la estrategia de descalificar al GIEI están preocupados por lo que está pasando con la PGR, “… vamos a valorar si seguimos con la procuradora [Arely Gómez] y todos los demás de su gabinete”.
Ortega aseguró que luego de que la PGR dio a conocer el resultado de un grupo de seis especialistas con prestigio internacional, que concluyeron después de trabajar mes y medio en el análisis de evidencias, que en el basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, sí hubo fuego de grandes dimensiones y que en el sitio fueron quemados por lo menos 17 cuerpos de personas adultas, “hubo y ha habido mal manejo de la PGR. La procuradora se comprometió a no jugar con sentimientos y lo está haciendo, dándonos una verdad que dijimos que no creemos una y otra vez”.
Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, otro de los desaparecidos, consideró que es falta de tacto por parte de la PGR que maneje la información sin antes informarles y que pretenda apartarlos, cuando lo importante no se ha resuelto: “la presentación con vida de nuestros hijos”.
