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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron ayer un llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y para afrontar los retos estructurales más amplios que ha expuesto el reporte sobre lo ocurrido con los normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala.
El vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, expresó, en una declaración por escrito, su preocupación “por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.
Recordó a través de un comunicado que el caso de Iguala recibió gran atención, no sólo en México sino alrededor del mundo, y se convirtió en un tema que puso a prueba la voluntad y habilidad de las autoridades para afrontar crímenes violentos y la corrupción. “Como el Alto Comisionado ZeidRa’ad Al Hussein subrayó durante su misión a México en octubre pasado, es muy importante que el gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias”, dijo.
Serias deficiencias. En paralelo, cuatro instancias de especialistas en derechos humanos también de la ONU aseguraron que el informe final del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.
Aseguraron que “las graves fallas identificadas en las investigaciones oficiales desarrolladas demuestran que todavía falta mucho por hacer para develar la verdad, garantizar la justicia y reparar [los daños] a las víctimas”.
Los expertos de la ONU que expresaron a través de un comunicado este posicionamiento son los relatores Michel Forst, sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; Mónica Pinto, Especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados; Christof Heyns, Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y Juan E. Méndez, Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Tanto la oficina del Alto Comisionado como los cuatro especialistas alentaron al gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambas comunicaciones saludaron la voluntad expresada por el Presidente de México y la Procuraduría General de la República de considerar seriamente las recomendaciones del grupo y les exhortaron a explorar a fondo las nuevas líneas de investigación sugeridas, así como a fortalecer las investigaciones.
Los expertos de la ONU lamentaron que el GIEI no haya tenido la plena colaboración del gobierno para realizar su trabajo y que éste haya sido objeto de campañas de descrédito, así como los resultados de sus investigaciones, durante la segunda etapa del mandato.
“El informe del GIEI demuestra la importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional, especialmente en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta México”, al mismo tiempo que subrayaron la compatibilidad de sus conclusiones con las del Equipo Argentino de Antropología Forense publicados en el Dictamen Sobre el Basurero de Cocula, Guerrero, que establecen por lo menos 27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones oficiales, dice Naciones Unidas.
