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En la Procuraduría General de la República (PGR) se registran diferencias y contradicciones por el manejo de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, revela el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el reporte, los desencuentros son entre las subprocuradurías de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDH), a cargo de Eber Omar Betanzos Torres, y la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de Gustavo Salas Chávez.
Las diferencias entre ambas subprocuradurías comenzaron a partir de diciembre de 2015, sólo dos meses después de que la titular de la PGR, Arely Gómez González, crea la Oficina para la Investigación del Caso Iguala. El titular de SEIDO, Salas Chávez, llevaba tres meses en su cargo.
En el capítulo “Limitaciones para el Desarrollo de la Segunda Fase de Investigación”, se explica que pese a la creación de la Oficina para la Investigación del Caso Iguala, “hay intromisiones” de funcionarios de la SEIDO que fueron desplazados de las indagatorias, provocando contradicciones en el reparto de las diligencias que corresponden a cada subprocuraduría.
La unidad especializada de la PGR para avanzar en las pesquisas buscaba dotar de independencia al Ministerio Público encargado del caso, con el propósito de que “no estuviera comprometido” con las conclusiones que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, ni con la “verdad histórica”.
La “nueva mirada” que Eber Omar Betanzos pretendía imponer a las indagatorias pronto se encontró con la reticencia de los antiguos investigadores, por lo que comenzaron las “intromisiones” de la SEIDO en las áreas de investigación que le correspondían a la Oficina del Caso Iguala.
“En noviembre de 2015 se creó esta nueva unidad. Durante los dos primeros meses, mientras el nuevo equipo se imponía en la investigación, se adelantaron algunas diligencias. Sin embargo, fue a finales de diciembre cuando comenzaron a ocurrir intromisiones de la unidad desplazada de la SEIDO y esto generó una contradicción de base en el cambio de reparto de las diligencias”, advierte el documento.
El informe del GIEI documenta las contradicciones con una diligencia realizada en un inmueble perteneciente a Gildardo López Astudillo El Gil, misma que se realizó en dos momentos: la primera parte, el 17 de noviembre de 2015, cuando los expertos de la CIDH fueron avisados de la existencia de dicho lugar ubicado en la comunidad de Pueblo Viejo en la zona rural de Iguala.
En esa ocasión, el GIEI no tuvo problemas para ingresar al inmueble que era utilizado como punto de encuentro entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, pero la inspección fue realizada por la PGR.
El 15 de diciembre de 2015, los integrantes del GIEI solicitaron regresar al inmueble en compañía de dos ministerios públicos adscritos a la Oficina de Investigación Especial del Caso Iguala, creada dos meses atrás con el fin de ahondar en las indagatorias.
Pretendían georreferenciar de forma precisa el domicilio del que se extrajeron diversas evidencias y hacer una nueva búsqueda de indicios, por lo que ese día iniciaron los trámites para efectuar la visita, pero personal de la SEIDO les negó el acceso bajo el argumento de que el predio se encontraba bajo su custodia.
“El 23 de diciembre de 2015, un funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos se comunicó vía telefónica con el GIEI para informar que había existido un diferendo entre personal de la SEIDO y la Subprocuraduría de Derechos Humanos en Iguala. Gente de la SEIDO adujo que esa propiedad estaba bajo su custodia, por lo que la nueva unidad no podía practicar diligencias”, detalla el informe.
Para realizar la diligencia, los expertos del GIEI se comunicaron directamente “con la más alta autoridad de la PGR” para lograr que la SEIDO les diera acceso al inmueble, con el fin de realizar las búsquedas y la georreferenciación exacta del predio entre los días 25 al 27 de diciembre.
Para el GIEI se trató de una intromisión inexplicable de la SEIDO, puesto que en un acta circunstanciada con fecha del 25 de diciembre de 2015, se señala que el inmueble estaba a disposición de la Oficina del Caso Iguala adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos desde el 4 de noviembre de 2015.
Además, cuando finalmente realizaron la inspección encontraron en el lugar teléfonos celulares, chips y documentos relacionados con las actividades de El Gil, lo que a juicio de los peritos de la CIDH demostró que la PGR no hizo bien su trabajo.
“Esta situación evidencia que la inspección anterior había dejado de procesar importante evidencia. El GIEI, a través de su oficio GIEI/PGR/111 de fecha 27 de diciembre de 2015, pidió que se realizaran diversas gestiones para investigar y realizar los análisis pertinentes a los objetos encontrados en el predio”, detalla el informe.
“Las peticiones vertidas en el escrito se han cumplido parcialmente. Los días 15 y 16 de febrero de 2016 se realizó una nueva búsqueda en los patios de la propiedad, utilizándose el georradar y retroexcavadora sin realizar nuevos hallazgos”, dice.
