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Estados Unidos felicitó al grupo de expertos de la CIDH que investigó durante un año la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en el municipio de Iguala y pidió a México seguir avanzando para asegurar que los responsables de ese crimen respondan ante la justicia.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, reaccionó al fin de la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en la investigación del caso, en medio de tensiones con el gobierno de México.
“Felicitamos a la Comisión y a los expertos por su trabajo, que fue solicitado por el gobierno mexicano, y por la asistencia que ha proporcionado a México y a los familiares de las víctimas en su trabajo para resolver este trágico caso”, indicó Kirby en un comunicado.
“Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe, evaluarán las acciones sugeridas para afrontar el problema de las desapariciones forzadas, proporcionarán apoyo a las familias de las víctimas y seguirán con sus esfuerzos para traer a la justicia a los responsables de este crimen”, agregó.
Por su parte, la congresista demócrata por California Norma Torres aseguró que el gobierno mexicano debe dar “un paso adelante” sobre el caso y consideró que el informe final de los expertos “indica que el gobierno hizo exactamente lo contrario” para hallar la verdad sobre lo ocurrido.
Torres también cree que el informe “plantea serias dudas” en cuanto a su compromiso con “la justicia y el Estado de derecho”. El representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez también opinó sobre el caso y señaló que “la corrupción y la violencia de esta magnitud en cualquier lugar pone en peligro los derechos humanos en todas partes”.
Gutiérrez enfatizó que “es del interés de México y de Estados Unidos que haya la máxima transparencia y un examen completo y exhaustivo de los hechos”.
El grupo de expertos de la CIDH cerró el domingo su asistencia con un informe final sobre la investigación y enfrentó al gobierno, al que criticó por obstaculizar su trabajo.
El informe final reveló fallas en las pesquisas y alertó sobre la creación de una nueva versión oficial basada en testimonios de detenidos torturados y un nuevo estudio de fuego que consideran un despropósito.
Los expertos lamentaron no haber podido entrevistar a los militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, de quienes no obtuvieron ni documentos por escrito. “Cuando llegamos a México hace un año y un mes se abría una oportunidad” para lograr la verdad, pero “hoy estamos sin responder la pregunta que nos hicimos todas las noches durante ese año y un mes, y que se hacen todos los padres”, dijo el domingo la guatemalteca Claudia Paz.
La PGR aseguró que ha brindado a los expertos “acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor” y negó evidencias de participación de militares en la desaparición de los 43 jóvenes.
