Especialistas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas lamentaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no haya contado con la plena colaboración del gobierno federal para realizar su trabajo y haya sido objeto de campañas de descrédito del mismo y a los resultados de sus investigaciones, durante la segunda etapa del mandato.
“Sin embargo, ninguno de estos obstáculos ha restado valor a la solidez de su trabajo, a la seriedad de sus hallazgos y a la calidad de sus recomendaciones”, afirmaron.
“Deploramos las campañas de desprestigio contra el legítimo y muy valioso trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que han apoyado a las familias de los estudiantes y a otras víctimas. Estas campañas, además de colocar en riesgo a los defensores de derechos humanos, lesionan a las víctimas y a sus familias así como a la sociedad en su conjunto en su derecho a conocer la verdad y evitar la repetición de hechos que la han conmovido tan profundamente”, subrayaron.
Aseguraron que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa identifica graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas y demuestra que todavía falta mucho por hacer para develar la verdad, garantizar la justicia y reparar a las víctimas.
El Informe del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.
Los expertos que expresan, a través de un comunicado lo anterior, pertenecen al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Mónica Pinto, Relatora Especial para la independencia de los magistrados y abogados; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Juan E.
Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
“A través de este informe, el GIEI ha hecho una contribución notable para la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Reivindicó plenamente los derechos de las víctimas, planteó nuevas líneas de investigación y formuló pertinentes recomendaciones; todo ello desde los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”, observaron los expertos.
“El último informe del GIEI demuestra la importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional, especialmente en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta México”, añadieron, al tiempo que subrayaron la compatibilidad de sus conclusiones con las del Equipo Argentino de Antropología Forense publicados en el Dictamen Sobre el Basurero de Cocula, Guerrero, que establecen por lo menos 27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones oficiales.
“Las víctimas deben estar en el centro de toda la acción del Estado. Las alentamos a ellas, así como a la sociedad mexicana, a seguir adelante en su legítima exigencia al Estado mexicano para que dé a conocer la verdad, esclarezca el paradero de los estudiantes, sancione a todos los responsables conforme a las reglas del debido proceso y garantice su derecho a la reparación integral”, añadieron.
Los expertos declararon su pleno apoyo a la decisión de la CIDH de establecer un mecanismo especial de seguimiento y exhortaron al Estado a participar y colaborar activamente en el mismo y resaltaron “la importante labor que le toca desempeñar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la nueva etapa que se abre en México sin el GIEI”.
Los expertos de la ONU valoraron como positivas las declaraciones de varias autoridades en respuesta al informe final del GIEI sobre la continuación de las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos. Asimismo, llamaron a la pronta implementación de las recomendaciones del GIEI y de las formuladas por los mandatos de la ONU, así como “a la adopción y adecuada aplicación de la leyes generales sobre tortura y desaparición forzada, que darían una importante señal sobre el real compromiso de México en enfrentar seriamente estos graves problemas”.
“El Estado debe indagar y sancionar a todos los responsables de las acciones y omisiones referidas por el GIEI, empezando por quienes perpetraron, por acción u omisión, las aberrantes violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre de 2014, así como los indicios de tortura y otros abusos ocurridos durante las investigaciones documentados en el informe final”, concluyeron.
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