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La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la investigación penal más exhaustiva en la historia de la procuración de justicia en México y seguirá abierta hasta que se dé con todos los responsables, dijo el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos Torres.
Con relación al video que mostró el GIEI sobre la recolección de evidencias en el río San Juan, y en el que se observa al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zeron, en el lugar donde supuestamente recolectaron fragmentos de restos óseos, el subprocurador mencionó que ese material será analizado en el marco de la investigación y se determinará lo conducente.
Betanzos respondió cada uno de los señalamientos de los expertos y, sobre la posible participación de la Policía Federal en los hechos, sostuvo que es una línea de investigación. “El mismo testigo que llevó a desarrollar la línea de investigación sobre Huitzuco también refirió la probable presencia de algún elemento de la Policía Federal en un evento relacionado con la desaparición de los estudiantes; esta institución agota hasta sus últimas consecuencias esta línea de investigación”, aseveró.
Antes del mensaje a medios de comunicación del funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), el presidente Enrique Peña Nieto agradeció al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la información y recomendaciones.
En su cuenta de Twitter dijo que la procuraduría analizará el informe completo sobre los hechos de 2014. “Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”, escribió.
A su vez, la titular de la PGR, Arely Gómez, manifestó su compromiso con los familiares de las víctimas de esos hechos.
Horas después de que se presentó el informe final sobre la desaparición de los 43 estudiantes, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, reconoció la aportación de ese grupo e indicó que aunque termina su mandato mantendrán la cercanía.
“Seguimos con un esfuerzo permanente, hasta que todas las personas penalmente responsables sean presentadas ante las autoridades judiciales; la PGR expresa su reconocimiento a los expertos, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente”, señaló.
Sobre los posibles actos de tortura en contra de algunos de los presuntos responsables que están en prisiones federales por el ataque a los normalistas, Betanzos Torres explicó que se iniciaron seis averiguaciones previas por posibles actos de tortura cometidos en contra de 31 personas.
Tras el señalamiento del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, en el sentido de que la justicia mexicana se sustenta en declaraciones, el funcionario de la PGR remarcó que “todas las consignaciones están basadas en pruebas periciales, evidencia científica y no solamente en declaraciones”.
“En los casos en donde se señala a servidores públicos de esta institución, es la Visitaduría General la encargada de llevar a cabo la investigación. Esta área actualmente integra siete actas circunstanciadas y tres averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR. Cabe señalar que estos hechos se investigan a iniciativa de la propia institución”, mencionó.
Del 27 Batallón de Iguala, el funcionario respondió al GIEI que interrogar a los militares corresponde al Ministerio Público de la Federación, y el hecho, en caso de haberlo permitido, “vulneraba el debido proceso.
“El grupo de expertos de la CIDH afirmó públicamente ante medios de comunicación, en agosto de 2015, que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas del 26 y 27 de septiembre de 2014”, recordó.
De la falta de sustento científico en el estudio del incendio, Betanzos aclaró que, según el acuerdo de la PGR y el GIEI, el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la evidencia contenida en el expediente, incluyendo los dictámenes periciales de la PGR y los estudios de José Torero y los del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Recordó que en el informe del peritaje se concluye que sí hubo un evento de fuego controlado de grandes dimensiones y que por lo menos 17 personas adultas fueron quemadas en el lugar, pero agregó que la indagatoria sigue abierta y se agotarán todas las líneas.
En lo que respecta a la investigación del quinto autobús, el subprocurador de derechos humanos enfatizó que fue integrado al expediente y que se encuentra en trámite una solicitud de asistencia jurídica internacional al FBI, por los señalamientos del posible trasiego de drogas a Estados Unidos.
Aclaró que “un punto relevante sobre esta hipótesis del GIEI es que la ruta de este transporte estaba circunscrita a los estados de Morelos y Guerrero, por lo tanto no habría podido cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América, tal como es sugerido”.
Como resultado de la investigación se ha consignado a 168 personas, 123 de las cuales están detenidas y 54 son policías municipales de Iguala, 19 policías municipales de Cocula y 50 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, entre los que se encuentran miembros de células que operan en Huitzuco.
