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La probable alteración de evidencias relacionadas con el hallazgo de restos óseos en el río San Juan, la falta de rigor científico del tercer peritaje y los presuntos actos de tortura en contra de 17 procesados llevaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a concluir que no hay pruebas suficientes para sostener la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI mostró un video grabado el 28 de octubre de 2014 en el que se observan las dos bolsas con restos óseos que la PGR aseguró haber encontrado en el río San Juan un día después. En él se ve que los restos se localizaron en un lugar distinto al informado por la PGR. También se observa al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acompañado por uno de los principales testigos, Agustín García Reyes, El Chereje, en una diligencia que no obra en el expediente y se ocultó al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Carlos Beristáin recordó que esas bolsas son la principal evidencia de la PGR para defender la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, puesto que de estas se extrajeron los restos óseos que sirvieron para la identificación de Alexander Mora Venancio.
Al presentar su informe final el GIEI señaló que hay nuevos testimonios en el sentido de que la Policía Federal (PF) participó en tres retenes que agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, junto con la policía estatal, establecieron en un radio de 80 kilómetros para evitar que los normalistas abandonaran Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Claudia Paz explicó que en una de las salidas de Iguala elementos de la PF estaban desviando vehículos hacia un camino de terracería que conecta con la carretera Iguala-Cuernavaca, retén instalado 800 metros antes del Palacio de Justicia y en el que fue interceptado uno de los autobuses que transportaba a los estudiantes.
El informe señala que al menos cinco vehículos de la PF tuvieron algún tipo de participación en los eventos. Los testimonios de víctimas y de policías municipales procesados identifican a las patrullas con los números 11742, 11744, 11740, 9908 y 9910.
Ángela Buitrago agregó que el día de los hechos círculos de control de la policía y grupos armados del crimen organizado “controlaron toda la noche” un territorio de al menos 80 kilómetros a la redonda desde la carretera Iguala-Chilpancingo hasta la comunidad de Sabana Grande, en Mezcala, incluyendo Huitzuco.
“Hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala durante más de 10 horas; hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, PF, Ejército y otros miembros de seguridad pública que monitorearon, segundo a segundo, las actividades de los estudiantes en la entrada a la caseta de Iguala”, detalló.
Para crear este cinturón de seguridad, Buitrago mencionó que la policía de Huitzuco participó con 25 elementos y seis patrullas, por lo que insistió en la acción concertada.
Sobre la actuación del Ejército Mexicano, Claudia Paz afirmó que militares se encontraban a cargo de las videocámaras del C-4 que operan en Iguala y desde ahí se informó en tiempo real que algo ocurría esa noche.
Según las declaraciones de un soldado identificado por las iniciales RALA en el C-4 la presencia militar “está relacionada con labores de inteligencia y en la época de los hechos respondía al grupo de información dirigido por el teniente JG y posteriormente respondía directamente al comandante coronel JR. Según RV, los militares del C-4 están nombrados directamente por la comandancia del 27 Batallón”, dice el documento de 605 páginas.
Francisco Cox también desconoció la validez del tercer peritaje de fuego por considerar que el documento, de apenas nueve páginas, tres de las cuales son de resultados, carece de un razonamiento científico para sustentar sus conclusiones.
“No contiene cálculos, no hay referencia al estudio de (José) Torero ni al peritaje del Equipo Argentino. La respuesta dada a los objetivos del estudio no contiene ningún análisis ni ningún razonamiento científico. No individualiza qué se entiende por área de quemado y no hay el rigor científico mínimo para dar respuesta a los objetivos generales”, enfatizó.
Carlos Beristáin informó que de 50 personas detenidas que han denunciado tortura 17 de ellas presentan lesiones que se han pedido investigar.
Ángela Buitrago dijo que otra contradicción y línea de investigación que sigue sin aclararse es la del quinto autobús, que fue escoltado por policías federales a una salida de Iguala.
Añadió que el quinto autobús que se presentó al GIEI para buscar indicios de tráfico de droga no era el mismo que salió de la central camionera de Iguala, por lo que pidió al Buró Federal de Investigación (FBI) un reporte de su “existencia y particularidades”, petición que se incumplió, además de que hay dudas sobre la identidad del chofer.
Señaló que no hay evidencia de que los normalistas tenían vínculos con el crimen organizado y descartó que ese día los jóvenes fueran a boicotear un acto político en Iguala.
Los integrantes del GIEI concluyeron que los obstáculos para investigar el caso Atoyzinapa “no son excepcionales ni pasajeros” en México, por lo que hicieron 22 recomendaciones generales a las autoridades de nuestro país para mejorar la investigación.
